El 80 % de las denuncias que el Ministerio Público de Honduras remite a la Policía Nacional queda sin resolver, ya que las autoridades solo tienen capacidad para investigar el 20 % de los casos, según un estudio dado a conocer hoy en Tegucigalpa.
«La eficiencia de las instituciones del sistema de justicia en Honduras presenta resultados muy bajos según la tasa de resolución y el número de asuntos pendientes», señala el estudio «Diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Penal en Honduras».
Detalla que de las 36.032 denuncias que el Ministerio Público remitió en 2014 a la Policía Nacional, solo 7.360 (20 %) fueron investigadas.
El informe, elaborado por la consultora hondureña y ex fiscal de Derechos Humanos Aida Romero, es apoyado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del programa «Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (Eurojusticia)», que cuenta casi 10 millones de dólares.
Romero dijo a Efe que si bien la nación centroamericana cuenta con una estructura para facilitar el acceso a la justicia, su nivel de respuesta «es limitada» y supone «una negación de este derecho» a la mayoría de la población.
El documento señala que la poca investigación de las denuncias se debe a los «limitados recursos logísticos y materiales al alcance de los investigadores, la excesiva carga laboral, el caso número de policías en cada unidad y las agotadoras jornadas de trabajo».
A ello se suma «la falta de coordinación interinstitucional», especialmente para investigar los delitos comunes, ya que los esfuerzos del Estado están centrados en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción, añade.
En declaraciones a Efe, el embajador de España en Tegucigalpa, Miguel Albero, dijo que «es necesario reforzar» el sistema de justicia de Honduras.
«Es muy importante empezar por la base, mejorar el acceso a la carrera judicial, coordinar las iniciativas y tener jueces profesionales e independientes», subrayó el diplomático español.
Destacó que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), creada por la Organización de Estados Americanos, tendrá «un papel importante de acompañamiento» para reforzar el sistema judicial del país centroamericano.
Según un sondeo de opinión divulgado en el mismo estudio, solo el 18 % de los magistrados hondureños considera que el poder Judicial actúa «con total independencia», el 39 % señala que casi siempre, un 20 % cree que no tiene independencia y el 23 % no sabe o no respondió.
En tanto, el 73 % de los magistrados asegura tener independencia al ejercer sus funciones, el 19 % cree tenerla casi siempre y un 8 % no sabe o no respondió.
A la pregunta «¿En que órganos de justicia del país confía más?», la respuesta, según el sondeo, fue que el 60 % opinó que el Ministerio Público es la institución con mayor credibilidad, seguido del poder Judicial (33 %) y la Policía Nacional (7 %).
El estudio señala además que 1.775 agentes de la Policía Nacional fueron destituidos entre 2012 y 2014 como parte de un proceso de depuración de la institución, que cuenta con 12.309 oficiales.
La depuración de la Policía hondureña se inició en noviembre de 2011 tras el asesinato de dos jóvenes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos.
La Unión Europea y la AECID reafirmaron su apoyo a la creación de un Observatorio de Justicia Penal en Honduras, que será administrado por la Unah y permitirá analizar el sistema judicial del país.