A pesar del toque de queda impuesto por el gobierno de Ecuador, decenas de personas caminaban en las calles mientras muchos vehículos circulaban con relativa normalidad el domingo, tras una violenta jornada registrada el sábado, en medio de protestas y actos vandálicos provocados por el aumento en los precios de los combustibles.
Uno de los ciudadanos que estaba en las calles, pugnando por llegar a su casa, Jhon González, de 26 años, dijo a The Associated Press: “Vengo de mi trabajo, no me fui a mi casa anoche, estoy desde las siete de la mañana llamando un taxi pero nadie contesta. No veo control policial ni militar, parece que la ciudad está más tranquila pero no hay transporte y quiero llegar al sur”.
Muchas personas no pudieron moverse de los respectivos sitios de trabajo o lugares en donde se encontraban cuando entró en vigencia la acción de control militar, pero aprovecharon la mañana del domingo para avanzar a pie por las calles, donde en las primeras horas de la mañana no se veían controles ni vehículos militares.
El gobierno del presidente Lenín Moreno se valió de esta medida, por primera vez en décadas, para hacer frente a generalizadas manifestaciones en la capital, donde un grupo de encapuchados atacó e incendió la Contraloría, que resguarda las investigaciones de la corrupción, especialmente ocurridas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Durante la tarde, otra turba de encapuchados causó un incendio y serios daños al canal de televisión Teleamazonas, al norte de Quito, y minutos más tarde otro grupo de similares características violentó el diario El Comercio, al sur de la ciudad, mientras cientos de indígenas se enfrentaban con la policía en un parque del centro norte, al que hicieron de base durante una semana de protestas.
Moreno responsabilizó de la violencia a grupos de narcotraficantes y a seguidores de Correa, algunos de cuyos más altos colaboradores están acusados y procesados por hechos de millonaria corrupción con fondos públicos.
El jubilado quiteño Xavier Martínez, relató que “ayer hubo mucha violencia, participé en el cacerolazo por la paz, no para apoyar a nadie en especial. Veo calma no hay policías, ni militares por aquí y espero que todo siga así”.
Las protestas sociales empezaron poco después que Moreno decretara a inicios de octubre un duro paquete económico, aunque lo que más enardeció a la población fue le elevación del precio de la gasolina de 1.85 dólares a 2.30 el galón y del diésel, el más usado por el transporte pesado, de 1.03 a 2.30 dólares.
Con las decisiones económicas, Moreno busca hacer frente a una complicada situación derivada de una abultada deuda de 64.000 millones de dólares y un recurrente déficit anual de 10.000 millones. Entre las medidas también están: aumentar impuestos, flexibilizar leyes laborales y recortar el gasto público para generar ahorro fiscal y obtener más de 4.000 millones de dólares en financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional.
El pánico y la especulación provocaron un alza enorme en los precios, y los costos de algunos productos y servicios.
Los pobladores indígenas de Ecuador, destrozados por la pobreza y desatendidos por los programas gubernamentales, estaban furiosos. Durante la semana, miles de shuar, saraguro, quechua y otras etnias indígenas llegaron a Quito desde lo más profundo de la Amazonía y desde los poblados en las alturas de los Andes ecuatorianos.
A pesar de la difícil situación, Moreno ha dicho que no cederá en el tema de los combustibles y que puede reanudar los subsidios a los combustibles. El país está en bancarrota y ceder ante los manifestantes sería una derrota en el esfuerzo del presidente por revertir las políticas de su predecesor y exmentor, Rafael Correa.-AP