A dos años de la instauración del estado de excepción en Honduras, como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, se estima que alrededor de 304,000 hogares continúan siendo víctimas de este delito, lo que representa un aumento alarmante de 74,126 hogares adicionales desde la entrada en vigor de la medida en 2022. Así lo reveló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al presentar el informe “Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción”.
Según el estudio, que incluyó un análisis documental, encuestas de victimización y entrevistas con expertos, la tasa de victimización por extorsión ha aumentado considerablemente, pasando del 9% en 2022 al 11.6% en 2024. A pesar de que el estado de excepción, implementado por la presidenta Xiomara Castro en diciembre de 2022 bajo el lema de «guerra contra la extorsión», ha sido prorrogado en 16 ocasiones, los resultados siguen siendo limitados, y su impacto sobre los derechos ciudadanos ha generado cuestionamientos, señaló Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ.
El informe también revela que, a pesar de las medidas adoptadas, tres de cada diez hondureños reportan sentirse menos seguros bajo esta política. Mientras tanto, las denuncias y detenciones por extorsión han disminuido de manera significativa. En 2021 se registraron 1,922 denuncias, pero para 2024, la proyección indica que este número se reducirá a 484. Las detenciones también han disminuido, pasando de 461 en 2021 a 175 en 2024.
El sector del transporte, el más afectado por la extorsión
Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, expresó que su sector es uno de los más golpeados por la extorsión. Indicó que los criminales están utilizando identidades de personas fallecidas para cobrar extorsiones, un modus operandi que ha aumentado la sensación de impunidad y desesperación en los transportistas. Cálix también destacó que, con la temporada navideña en curso, el rubro del transporte espera la erradicación del crimen organizado y su vínculo con la extorsión.
Aumento en las tasas de victimización en diversas regiones del país
El informe de ASJ también destacó que en los últimos dos años, ocho departamentos de Honduras, como Intibucá, Choluteca y Atlántida, han experimentado los mayores aumentos en las tasas de victimización, con Intibucá liderando con un alarmante 18.22%. Este crecimiento es motivo de gran preocupación, especialmente en un contexto donde, hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el estado de excepción.
Desafíos en la implementación del Plan Antiextorsión
A pesar de que el Plan Antiextorsión contempla 30 acciones, solo cinco de ellas han sido implementadas parcialmente, como la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia. Sin embargo, acciones cruciales como el fortalecimiento de las unidades de inteligencia y las reformas al Código Penal aún no se han materializado.
Recomendaciones y propuestas de la ASJ
Ante estos resultados, ASJ propuso fortalecer y ejecutar de manera integral el Plan Antiextorsión, involucrando a todos los actores clave, como la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero, los medios de comunicación y la sociedad civil. Además, sugirió que se garantice la protección de los derechos ciudadanos, ponga fin al estado de excepción como medida permanente y se restablezcan las garantías constitucionales.
El informe también hace un llamado a desarrollar estrategias que aborden las causas estructurales de la extorsión, fomentar la confianza en las instituciones y promover la denuncia como un medio eficaz para enfrentar este flagelo. En conclusión, ASJ subrayó la necesidad de mejorar y profundizar las acciones del Plan Antiextorsión para combatir la extorsión de manera más efectiva, sin comprometer los derechos fundamentales de los hondureños.