El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, reconoció que el caso de la presunta estafa cometida por la empresa Koriun Inversiones fue “mal manejado” por las instituciones del Estado, señalando fallas tanto del actual gobierno como de la administración anterior.
Durante su participación en el programa de debates 30/30, Barrios criticó que el Ministerio Público no actuó con la debida anticipación pese a que había suficientes indicios para iniciar una investigación por lavado de activos. “Se pudo haber presentado un requerimiento fiscal preventivo. Ese delito habría permitido asegurar los fondos y un juez habría ordenado una intervención inmediata sobre la empresa”, afirmó.
El congresista por el departamento de Cortés cuestionó además cómo una empresa que operaba como comerciante individual desde 2017 logró captar grandes sumas de dinero sin que las autoridades lo impidieran. “Detectamos un vacío legal y de supervisión. La alerta financiera debió haberse activado cuando se comenzaron a registrar depósitos millonarios por parte de su representante, Iván Velásquez, pero eso no ocurrió”, indicó.
Según explicó Barrios, Koriun inició prestando dinero en mercados locales, y con el tiempo amplió sus operaciones, captando recursos del público sin autorización legal. Añadió que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) no tenía competencia directa sobre la empresa, ya que esta no era una entidad regulada ni constituida formalmente como institución financiera.
El parlamentario también reveló que, pese a que desde diciembre de 2024 la CNBS contaba con alertas sobre la actividad irregular de la empresa, el caso fue remitido únicamente a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin mayor seguimiento. “El problema fue que se derivó a un organismo que no estaba preparado para manejar una situación de esta magnitud, lo que provocó errores como devolver fondos cuando ya estaban bajo custodia”, señaló.
Barrios advirtió que aún no ha sido presentado ante el Congreso Nacional un proyecto del Ejecutivo que contemple una respuesta concreta para los cientos de inversionistas perjudicados. No obstante, subrayó que cualquier iniciativa debe manejarse con cautela. “No se puede utilizar dinero público para cubrir una estafa de carácter privado”, expresó.
Koriun Inversiones operó durante siete años al margen de los organismos reguladores, a pesar de múltiples señales de alerta. El Ministerio Público ha reiterado que la compañía funcionaba de manera ilegal, sin registros contables formales y sin garantías que respalden la devolución de los fondos a las personas afectadas.