Esto se diferencia a los ilícitos como el tráfico de drogas y el de portación ilegal de armas, considerados de orden público donde las afectadas son la salud pública y la seguridad del Estado, respectivamente.
En las causas anteriores, el Ministerio Público actúa de oficio, sin necesidad de denuncia o iniciativa de partes.
Por eso «hay que hacer una reforma de la ley (Código Penal) para no exponer tanto a la víctima (de extorsión), no la podemos estar revictimizando y exponiéndola a un proceso de esta naturaleza (orden privado)», manifestó.
Al respecto, Lanza recomendó que la extorsión podría pasar a tipificarse como afectado al patrimonio de Honduras, pues el flagelo ataca porque afecta bienes de los ciudadanos, empresarios y recolección de impuestos del Estado.