El panorama de los derechos humanos en Honduras continúa siendo alarmante. Según el informe anual 2024 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al menos 11,738 personas denunciaron ser víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales en el último año, reflejando un incremento del 10% en comparación con el 2023, cuando se contabilizaron 10,608 quejas.
El reporte detalla que entre las violaciones más recurrentes figuran la falta de acceso a la justicia, deficiencias en la protección de la vida y la integridad personal, y la ausencia de garantías en el debido proceso. El CONADEH sostiene que estas situaciones evidencian graves fallos en la capacidad del Estado para salvaguardar a sus ciudadanos, especialmente a los defensores de derechos humanos.
Uno de los casos más significativos que resalta el informe es el asesinato de Juan Antonio López, defensor del territorio, funcionario público y líder religioso. Su muerte, señala el CONADEH, expone la falta de diligencia y la negligencia estatal al no brindar las medidas de protección que le correspondían.
Ambiente hostil para defensores de derechos humanos
A pesar de la existencia de un mecanismo de protección, el documento advierte que Honduras sigue siendo un entorno de alto riesgo para quienes defienden los derechos humanos, ya que los mecanismos implementados aún presentan debilidades en su funcionamiento y capacidad de respuesta.
En 2024, el CONADEH atendió 460 denuncias de agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, campesinos y comunicadores sociales, además de 67 incidentes que pusieron en peligro la vida e integridad de estas personas a nivel nacional.
Mujeres, las principales denunciantes
El informe destaca que las mujeres encabezaron el número de denuncias, con 3,072 casos registrados, lo que equivale al 26.17% del total. Las principales violaciones reportadas por ellas estuvieron relacionadas con obstáculos en el acceso a la justicia, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, abuso de autoridad, y situaciones de hostigamiento físico, psicológico y sexual en el entorno laboral.
Los datos también reflejan que mujeres y niñas continúan siendo víctimas de violencia estructural, discriminación y limitaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, lo que afecta directamente su autonomía, salud y bienestar.
Grupos históricamente vulnerables
El CONADEH subraya que los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando despojos territoriales, criminalización de su labor y exclusión de los procesos de consulta previa, libre e informada.
En el caso de los campesinos, persisten graves obstáculos para garantizar el acceso y la propiedad legal de la tierra, debido a la falta de acción estatal en los procesos de clarificación y titulación, lo que perpetúa los conflictos y la violación de sus derechos.
Por otro lado, la población LGBTIQ+ sigue expuesta a altos niveles de violencia, discriminación y exclusión legal, lo que limita su acceso a derechos fundamentales y los deja en una constante situación de riesgo.
Sistema penitenciario en crisis
El informe también pone en evidencia las condiciones críticas del sistema carcelario hondureño, denunciando hacinamiento, traslados arbitrarios y condiciones inhumanas de reclusión. Estas prácticas son señaladas como violaciones graves a los derechos humanos y contrarias a los principios básicos del derecho internacional.
El uso excesivo del aislamiento como castigo, sin supervisión judicial adecuada, es otro de los aspectos cuestionados, ya que refleja una política penitenciaria represiva que ignora el principio de legalidad.
Corrupción: un obstáculo estructural
Finalmente, el CONADEH advierte que la corrupción sigue siendo un problema que profundiza la pobreza, la exclusión y la impunidad en Honduras. Según el informe, la corrupción deteriora la eficiencia del Estado, afecta la prestación de servicios y socava la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El organismo recomendó que el Estado hondureño impulse mecanismos independientes, tanto nacionales como internacionales, con amplia capacidad de acción para combatir la corrupción y reducir los niveles de impunidad.
El informe 2024 del CONADEH reafirma que la protección de los derechos humanos en Honduras continúa enfrentando enormes desafíos, mientras los sectores más vulnerables del país siguen a la espera de respuestas efectivas del Estado.