La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó este jueves una denuncia formal ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) del Consejo Nacional Electoral, exigiendo una investigación profunda sobre el supuesto uso indebido de recursos estatales para favorecer campañas políticas de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.
La RDD advirtió que existen indicios preocupantes sobre la posible utilización de programas sociales, obras comunitarias, becas y subvenciones legislativas para beneficiar a candidatos, movimientos y partidos, especialmente a través de fondos públicos cuya distribución carece de controles efectivos.
Uno de los elementos que motivaron la denuncia es la reciente circulación de un video en redes sociales donde una diputada, aspirante a la reelección por el partido Libre, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) conversan sobre la entrega de kits valorados en más de 125,000 lempiras cada uno. Según la RDD, esta acción podría constituir una ventaja indebida y violar los principios de equidad electoral y transparencia, además de incurrir en prácticas de clientelismo político, expresamente prohibidas por la normativa electoral hondureña.
Prácticas que se mantienen pese a su derogación
El organismo denunciante también cuestionó la persistencia de las llamadas «subvenciones legislativas», que pese a la derogación del decreto 116-2019, continúan ejecutándose sin los controles necesarios. Solo hasta abril de 2025, se reporta la transferencia de más de 400 millones de lempiras bajo este concepto, sin evidencia clara de su correcta ejecución ni liquidaciones financieras que respalden el uso de estos recursos.
Estos fondos, alertó la RDD, podrían estar siendo utilizados por congresistas que buscan la reelección, para entregar bienes o servicios a comunidades, con el objetivo de ganar simpatías políticas, lo que pone en riesgo la competencia justa en los próximos comicios.
Asignaciones millonarias en la mira
Además, el presupuesto nacional contempla asignaciones anuales de hasta 950 millones de lempiras entre 2023 y 2025 para financiar proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas en todo el país. La RDD advirtió que, aunque estos fondos tienen fines comunitarios, sin mecanismos de transparencia y vigilancia efectiva, podrían estar siendo instrumentalizados políticamente.
Graves incumplimientos financieros
La denuncia también resalta que, según datos de la UFTF, 85 de los 1,283 candidatos que resultaron electos en las elecciones primarias no presentaron sus informes financieros, incumpliendo con la obligación legal de rendición de cuentas. Este hecho representa, según la RDD, una amenaza directa a la integridad del sistema de financiamiento político y a la transparencia del proceso electoral.
Los representantes de la Red por la Defensa de la Democracia fueron recibidos por el pleno de la UFTF, donde presentaron sus argumentos, evidencias y preocupaciones. La organización valoró el espacio otorgado y manifestó su total disposición a colaborar con las investigaciones que correspondan.
Finalmente, la RDD exhortó a las autoridades a actuar con determinación, investigar a fondo y sancionar a los responsables. «El uso de fondos públicos para manipular la voluntad popular es una amenaza directa a la democracia. La impunidad en estos casos solo profundiza la desconfianza ciudadana», enfatizó el colectivo en su pronunciamiento.