La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) denunció este martes un presunto uso indebido de recursos asignados al Mecanismo de Protección para periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, advirtiendo que dichos fondos estarían siendo destinados a la compra de vehículos blindados para altos funcionarios del gobierno.
Dina Meza, directora de la organización, calificó como “alarmante” la situación y señaló que se trata de una práctica que vulnera directamente la seguridad de quienes ejercen labores de alto riesgo en el país. “Mientras a la prensa se le persigue, se le amenaza y se le restringe el acceso a la información, los funcionarios públicos utilizan el presupuesto destinado a protegernos para comprar vehículos de lujo”, denunció.
ASOPODEHU identificó que, al menos, 19 millones de lempiras del presupuesto del mecanismo han sido utilizados en la adquisición de automóviles blindados, en lugar de aplicarse en medidas urgentes como reubicaciones temporales, sistemas de vigilancia o infraestructura de resguardo para personas amenazadas.
“La situación de la libertad de prensa es crítica. Existen periodistas y defensores en situación de riesgo extremo que no cuentan con protección efectiva. Hay quienes necesitan ser desplazados de sus comunidades, pero no se les ofrece ningún apoyo”, expresó Meza, quien además anunció que el caso será llevado ante el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la activista, la Policía Nacional es la encargada de ejecutar muchas de las medidas de protección, pero asegura que no se les están asignando los recursos necesarios para cumplir con ese mandato.
En ese sentido, ASOPODEHU exige una revisión transparente del uso de los fondos del mecanismo y la urgente reorientación de los recursos hacia las personas en riesgo, tal como establece el propósito original de esta herramienta estatal.
La organización también hizo un llamado a la comunidad internacional a prestar atención al progresivo deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en el país, insistiendo en que la falta de voluntad política pone en peligro no solo a las personas, sino a la democracia misma.