En medio de la emergencia provocada por la tormenta tropical Sara, la presidenta Xiomara Castro ha emitido un decreto mediante el Consejo de Ministros que declara emergencia nacional en todo el territorio hondureño. Publicado este jueves en el Diario Oficial La Gaceta, el decreto PCM-35-2024 establece un plazo de 30 días para ejecutar acciones urgentes en las zonas más afectadas por el fenómeno climático. Si bien la medida responde a la necesidad de una pronta respuesta ante los desastres que ya afectan a miles de hondureños, su implementación también ha generado preocupaciones sobre los riesgos de mal manejo de fondos y posibles actos de corrupción.
La emergencia y las compras directas
El decreto, que fue publicado en la edición número 36,690 del Diario La Gaceta de este 15 de noviembre, establece que el gobierno podrá contratar bienes y servicios de manera inmediata para responder a las necesidades de la población afectada, sin pasar por los procedimientos habituales de licitación. Esto incluye la ejecución de obras de infraestructura necesarias para habilitar la circulación y garantizar la movilidad en las zonas impactadas por la tormenta.
Sin duda, las emergencias requieren de medidas ágiles y eficaces, pero este tipo de disposiciones abre la puerta a la contratación directa, un proceso que históricamente ha estado marcado por la falta de transparencia y la posibilidad de ser aprovechado por actores corruptos. Aunque el gobierno justifica esta medida como una respuesta urgente ante un desastre natural, no se puede ignorar que en situaciones similares en el pasado, las compras directas han sido una vía para la malversación de fondos públicos y para beneficiar a empresas vinculadas con altos funcionarios.
¿Transparencia o improvisación?
El artículo del decreto que justifica las compras directas menciona que “el Gobierno debe, en coordinación con toda la institucionalidad del Estado, ejecutar acciones urgentes de prevención, control y vigilancia constante”. Sin embargo, la rapidez con la que se aprueban estas acciones puede significar que se sacrifiquen los controles adecuados para garantizar que los recursos públicos sean manejados de forma correcta y eficiente. Esto es especialmente preocupante en un país como Honduras, donde la corrupción sigue siendo un desafío persistente, y las crisis suelen ser aprovechadas por algunos sectores para lucrarse a costa del sufrimiento de la población.
La historia reciente está llena de ejemplos de cómo, durante emergencias o situaciones de alta vulnerabilidad, los procesos de contratación pública se han convertido en una herramienta para desviar recursos hacia intereses personales o políticos. En este sentido, la delegación de poder para hacer compras directas sin la debida supervisión podría resultar en sobrecostos, contratos inflados y un uso indebido de los fondos destinados a la ayuda humanitaria.
Crítica a la falta de medidas preventivas
Otro aspecto que ha sido criticado es que, aunque el decreto reconoce el impacto de fenómenos climáticos como huracanes y tormentas, también pone en evidencia la falta de una infraestructura adecuada y acciones preventivas para mitigar los efectos del cambio climático. En lugar de destinar recursos para la prevención de desastres naturales, el gobierno parece haber enfocado sus esfuerzos en la respuesta a emergencias, lo que solo aborda el problema cuando ya es demasiado tarde.
El gobierno ha declarado alerta roja en cinco departamentos del país debido a los efectos de la tormenta tropical Sara, y se están monitoreando constantemente los daños en las regiones afectadas. Sin embargo, no se ha mencionado ninguna acción concreta a largo plazo para reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante estos fenómenos, lo que deja entrever que la estrategia gubernamental está orientada más a reaccionar ante las crisis que a prevenirlas.
Un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas
Es esencial que, en momentos como este, las autoridades mantengan un compromiso con la transparencia y con la correcta utilización de los recursos públicos. El país enfrenta graves desafíos derivados del cambio climático, y la respuesta ante desastres naturales debe estar basada en procesos claros y auditables. En lugar de permitir compras directas que no sean debidamente fiscalizadas, se deben establecer mecanismos de control que garanticen que cada lempira destinado a la emergencia sea usado de manera efectiva y llegue a quienes realmente lo necesitan.
El gobierno debe asegurar que el proceso de contratación de bienes y servicios para mitigar los efectos de la tormenta sea llevado a cabo con la debida supervisión y con la participación de actores independientes, como la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, para evitar que el manejo de esta emergencia se convierta en una oportunidad para el enriquecimiento ilícito.
La emergencia por la tormenta Sara ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado hondureño, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la transparencia y rendir cuentas en la gestión de los recursos públicos.