En una requisa efectuada en los módulos de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en Francisco Morazán, se encontraron varios artículos prohibidos, incluidos celulares y una computadora, pertenecientes al extraditable Rafael Sosa Méndez.
Según fuentes penitenciarias, los dispositivos fueron hallados durante una inspección rutinaria en uno de los módulos de máxima seguridad. La posesión de estos artículos está estrictamente prohibida, ya que podrían ser utilizados para coordinar actividades ilícitas desde el interior del centro penal.
La intervención ha generado malestar entre los abogados de los reclusos en máxima seguridad, quienes han manifestado su descontento con la requisa.
Además, hoy se difundió información sobre un supuesto incidente en el que varios internos, incluidos Gilbert Reyes (estadounidense), Juan Carlos “El Pescado” Bonilla, José “Chepito” Handal y José Rafael Sosa, habrían sido golpeados por militares en la prisión. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) han desmentido estos hechos, asegurando que no hubo tal agresión.
El 1 de noviembre, el coronel Ramiro Muñoz, jefe del sistema penitenciario, denunció las presiones externas que enfrentan para trasladar a Sosa Méndez a un centro de mínima seguridad. El alto funcionario expresó que, a pesar de las presiones de jueces y abogados, el sistema penitenciario se mantendrá firme en la aplicación de la ley. En ese contexto, destacó que no cederá ante amenazas ni presiones, subrayando que el personal penitenciario continuará actuando conforme a lo que establece la normativa vigente.
“Respetemos la institucionalidad del instituto. Los directores cumplirán con lo que ordena la ley, sin importar las amenazas que reciban”, aseveró el coronel Muñoz, reafirmando el compromiso con el orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios del país.