La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en contra del proceso de selección de las autoridades interinas del Ministerio Público, realizadas el año pasado. El recurso, que será examinado por la Sala Constitucional, cuestiona la legalidad del procedimiento utilizado para designar a los titulares del ente persecutor del delito, especialmente a Johel Zelaya como Fiscal General y Mario Morazán como Fiscal Adjunto.
César Espinal, coordinador de investigación del CNA, informó que el recurso fue admitido para su análisis, destacando que el CNA tiene la legitimidad para presentar esta acción. Asimismo, indicó que las comunicaciones correspondientes ya han sido enviadas al Congreso Nacional. Espinal recordó que la acción de inconstitucionalidad fue presentada originalmente el 20 de noviembre del año pasado, debido a que el proceso de selección se llevó a cabo por una comisión permanente del Congreso Nacional, lo que, según el CNA, evadió el procedimiento constitucionalmente establecido.
“Este proceso fue irregular porque la Comisión Permanente del Congreso Nacional asumió competencias que no le correspondían. La Constitución establece que la elección de las autoridades del Ministerio Público debe ser aprobada por el pleno del Congreso Nacional, no por un reducido grupo de nueve personas”, explicó Espinal.
El coordinador del CNA resaltó que el procedimiento utilizado para designar a Zelaya y Morazán fue formalmente validado, ya que fue publicado en el diario oficial La Gaceta, pero destacó que la Constitución exige que este tipo de elecciones se realicen de acuerdo con un proceso más amplio y transparente. «La selección debió pasar por el pleno del Congreso Nacional, no por una comisión que actuó de manera permanente», subrayó.
En caso de que la Sala Constitucional falle a favor del CNA, se abriría el debate sobre las implicaciones de dicha decisión, particularmente en relación a los actos ejecutados por Johel Zelaya desde su ratificación como Fiscal General. Espinal señaló que la Sala tendrá que determinar si los actos realizados durante ese período deben ser declarados nulos o si tendrán validez.
«Si la Sala Constitucional determina que el proceso fue inconstitucional, entonces deberán aclararse los efectos de esa decisión sobre los actos realizados por Zelaya y otros involucrados en el proceso», concluyó Espinal. La decisión de la Corte podría tener repercusiones importantes en la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público durante el periodo en que las autoridades fueron designadas de manera interina.