La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió remitir, por mayoría de votos, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el requerimiento fiscal presentado contra el exalcalde de la capital, Nasry Asfura, y siete personas más, por los delitos de lavado de activos, fraude y malversación de fondos públicos, entre otros.
Según la resolución, el tribunal declaró la nulidad de las acusaciones previas y de la audiencia de imputado celebrada el pasado 21 de octubre. Esto implica que el caso será ahora revisado por la Corte Suprema de Justicia debido a la presencia en el expediente de Nilvia Ethel Castillo, actual diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien, conforme al reglamento, debe ser procesada bajo un procedimiento especial para altos funcionarios.
El caso involucra a Asfura, quien además es precandidato presidencial por el Partido Nacional, y a otras personas señaladas por presunta participación en un esquema de lavado de dinero que habría desviado más de 28 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) durante su gestión.
Imputados y delitos
Junto a Asfura, también están acusados Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo. A estos tres se les imputa la comisión de varios delitos, entre los que se destacan lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Además, otros imputados en el caso son Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova, quienes enfrentan cargos por fraude y violación de deberes; Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador, acusados de lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos; y finalmente, Óscar Rolando Uriarte Romero, quien también está señalado por lavado de activos.
La acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público presentó pruebas que señalan a los acusados de haber desviado recursos de la AMDC entre 2017 y 2018, a través de la emisión de 32 cheques que, supuestamente, fueron solicitados al banco administrador del fideicomiso municipal bajo conceptos como «fondos rotatorios», «fondos especiales» y «reembolsos de gastos». Sin embargo, según el requerimiento fiscal, los cheques fueron depositados en cuentas personales de los imputados, quienes posteriormente transfirieron esos fondos a personas naturales y jurídicas vinculadas a Asfura.
Además, el Ministerio Público indicó que parte de los fondos desviados habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, cubrir gastos personales no relacionados con la gestión municipal, pagar deudas de tarjetas de crédito y realizar compras de artículos de lujo, como joyas.
El caso, que ha acaparado la atención pública debido a la figura de Nasry Asfura, continúa en desarrollo y será evaluado por la Corte Suprema de Justicia para determinar los próximos pasos procesales. La remisión del caso a la CSJ se da en el contexto de un proceso judicial que podría tener implicaciones políticas importantes, dado el rol de Asfura como precandidato presidencial y las acusaciones que pesan sobre su gestión en la alcaldía capitalina.