Una fuerte controversia ha surgido en las últimas horas tras las acusaciones vertidas por la escritora y activista feminista Jessica Isla contra el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres. En medio de un debate en redes sociales sobre un conflicto entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.), Isla acusó a Torres de haber chantajeado a una expareja en el pasado para evitar una demanda por pensión alimenticia.
«Te recuerdo cuando fuiste contratado por feministas, chantajeabas a una de tus parejas, con que no te demandara por pensión de alimentos, porque ibas a perder el trabajo que te sostenía y ella, por eso no lo hizo, aunque yo le dijera que la acompañaba», fue el mensaje escrito por Isla en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), desatando una ola de reacciones tanto a favor como en contra.
Poco después de la denuncia, Torres recibió de manera inusualmente rápida una constancia emitida por la Secretaría General del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, que ha generado sospechas de influencia política en su favor, algo que ha indignado a diversos sectores de la sociedad hondureña. La rapidez con que se tramitó este documento contrasta con el trato que han recibido otros casos judiciales de alta repercusión.
Este contraste fue señalado de manera tajante por el periodista Esdras Amado López, quien también se ha visto envuelto en un proceso judicial. López, quien fue detenido por las autoridades después de hacer una denuncia, expresó su indignación en redes sociales al comparar su situación con la del vicecanciller Torres. «Sin allanamiento. Sin captura. Sin patrullas. Sin chachas de pies y manos. Sin fiscalía de la mujer. Sin defensores privados. Sin chonas. Sin conferencias de prensa ¡Con pronto despacho!», escribió el comunicador, denunciando el evidente trato desigual que se ha dado en ambos casos.
Las acusaciones de Jessica Isla y la respuesta acelerada del sistema judicial en el caso de Gerardo Torres han generado una discusión pública sobre la dualidad en el trato que reciben los casos en Honduras, especialmente cuando se involucran figuras públicas y cargos de alto nivel. Esta situación resalta las desigualdades que persisten en el sistema judicial, donde, según denuncian algunos, los procesos legales parecen estar influenciados por el poder político y la influencia social, mientras que otros, como el caso de López, enfrentan un trato mucho más severo y sin los beneficios que los funcionarios de alto rango parecen recibir.