El Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada continúa escuchando las pruebas presentadas en el juicio oral contra 15 mujeres acusadas de perpetrar la masacre ocurrida el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). La audiencia, que inició el lunes, se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre.
Entre las acusadas figuran nombres como Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana y Cherry Darling Guevara, quienes enfrentan cargos por asociación para delinquir, asesinato, incendio cualificado y porte ilegal de armas de fuego.
Según la Fiscalía, el sangriento suceso fue resultado de una meticulosa planificación por parte de miembros de la pandilla 18, quienes, armadas hasta los dientes, sometieron a las guardias penitenciarias y se adentraron en los módulos donde se encontraban recluidas sus rivales de la mara Salvatrucha (MS-13).
Las investigaciones revelan que las reclusas utilizaron una variedad de armas de fuego, incluyendo fusiles y subametralladoras, para ejecutar a sus víctimas. Además, se estableció que las acusadas rociaron con líquido inflamable uno de los módulos, provocando un incendio que cobró la vida de varias reclusas.
«Fue un ataque coordinado y brutal», afirmó el fiscal a cargo del caso. «Las pruebas presentadas demuestran que las acusadas actuaron con premeditación y alevosía».
Los abogados defensores, por su parte, han cuestionado la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y han solicitado la absolución de sus representadas.
Este caso ha conmocionado al país y ha generado un amplio debate sobre las condiciones carcelarias en Honduras y la necesidad de implementar medidas para garantizar la seguridad de los privados de libertad.