El Congreso Nacional aprobó este martes en tercer y último debate desde el artículo 60 al 18 de la Ley de Inspección Laboral enviada por el Poder Ejecutivo y dictaminada por una comisión especial, la que tiene el objetivo de garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo.
Deducción de responsabilidades
La Ley de Inspección Laboral tiene como finalidad regular el sistema integrado de la inspección de trabajo y de seguridad social, promover, vigilar y garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo, previsión social, normas laborales, seguridad y salud en el trabajo y las relativas a la seguridad social.
De igual forma, deducir las responsabilidades correspondientes en el caso de infracción o incumplimiento en la obligación de las leyes relacionadas con las citadas materias en los centros de trabajo.
En la discusión y aprobación de la ley estuvieron el director general de Inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Selvin Martínez y el secretario general de esa dependencia abogado Jorge Bográn
Las autoridades de la Secretaría de Trabajo han explicado que entre más le deba el patrono al trabajador, mayor será la sanción que se le aplicará.
En ese sentido, cuando el patrono infrinja una norma laboral que provoque al trabajador un daño económico se impondrá al infractor una multa equivalente al 25 por ciento del perjuicio económico causado.
Asimismo, si la infracción perjudica a más de un trabajador, se aplicará el porcentaje anterior por cada uno de los afectados. No obstante, la multa por la infracción no será menor de cinco mil lempiras en caso que el 25 por ciento sea inferior a la cantidad anterior.
También se sancionarán las infracciones no monetarias, es decir, que se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores protegidos por la Constitución de la República, leyes laborales y normas internacionales ratificadas por Honduras.
La sanción o multa será de 100 mil lempiras y se aplicará por cada infracción. Además, se estipulan multas de 300 mil lempiras a quienes por medio de amenazas atenten contra el derecho de libertad de asociación y sindicalización.
Los empleadores que se opongan a una inspección laboral se multarán con 250 mil lempiras y en caso de incumplir la celebración de un contrato colectivo, la sanción está establecida en 200 mil lempiras
Procedimiento administrativo
En el proyecto original se solicita que el presupuesto de la Secretaría de Trabajo se aumente para cubrir las nuevas necesidades y asegurar la eficiencia de la Dirección General de Inspección Laboral. Lo anterior es con la finalidad de mejorar la calidad y cantidad de inspectores.
Para las autoridades proyecto de la Ley de Inspección Laboral es vanguardista, con una administración nueva del trabajo, sobre todo, que tiene que ver con el tema administrativo, laboral y protección de los trabajadores.
La ley crea un nuevo procedimiento administrativo para la justicia laboral; después, crea un marco regulatorio de sanciones que sean suficientes, efectivas y que permitan disuadir en los sectores productivos los incumplimientos laborales.
La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como autoridad administrativa en el ámbito de su competencia a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT).
El proyecto de Ley de Inspección Laboral, fue elaborado de forma conjunta entre los miembros del Consejo Económico y Social (CES) que integran el gobierno, la empresa privada y el sector obrero.
La propuesta marca un nuevo hito dentro del diálogo social establecido por el gobierno con los otros sectores ya que viene a modernizar todo el sistema de relaciones obrero-patronal.
Ley del Seguro Social
El Congreso Nacional aprobó este martes en primer debate desde el artículo 11 al 42.de la nueva Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que tiene como fin de garantizar que no se vuelva a repetir un desfalco como el que ocurrió en la administración anterior de ese organismo y es parte de las leyes que están cobijadas en la Ley Marco del Sistema de Protección Social para una Vida Mejor, aprobada por el Poder Legislativo en mayo de 2015.
La nueva Ley del IHSS, desarrolla todo lo relacionado con la prestación de servicios de salud, pensiones por invalidez, vejez y muerte, techos de cotizaciones. De acuerdo con la Ley del Sistema de Protección Social, el régimen del Seguro Social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos.
La normativa regula la aplicación del Seguro Social para la cobertura de los siguientes riesgos: enfermedad y accidente común, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, invalidez, vejez y muerte. El riesgo de cesantía involuntaria quedará sujeto a la emisión de los reglamentos pertinentes.
En el articulado de la ley, se desarrollan las disposiciones y principios fundamentales para el cumplimiento de los derechos constitucionales que en materia de seguridad social tiene el pueblo hondureño, conceptualizándola como un servicio público, de prioridad nacional con carácter
obligatorio y vocación universal, que se prestará en forma de Seguro Social, en el marco de los principios fundamentales establecidos en el artículo 4 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, a fin de brindar los beneficios definidos, en las condiciones y con los requisitos consignados en esta ley y sus reglamentos.
El Seguro Social constituye un servicio público de carácter irrenunciable, que debe ser implementado con carácter obligatorio, conforme los procesos de gradualidad y progresividad que establece la Ley Marco del Sistema de Protección Social, esta ley y sus reglamentos, tanto en lo referente a los riesgos a cubrir como en las zonas geográficas a incorporar, debiendo considerar las necesidades sociales, las condiciones económicas prevalecientes en cada región y la capacidad de la institución.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social es una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente al de la hacienda nacional, y con jurisdicción en todo el territorio nacional.
A los efectos de esta ley se le denomina el “Instituto”, y se identifica con las siglas “IHSS”. Las prestaciones y servicios del Seguro Social serán prestados y administrados por el IHSS, por medio de sí y/o a través de Instituciones de Asistencia y Previsión Social que formen parte del Sistema Unitario Estatal.
La nueva normativa, que deroga la creada en 1959 y sus posteriores reformas, contempla como una de sus grandes novedades que todos los asegurados podrán recibir atención médica hospitalaria y medicamentos a través de una Red Integral Pública de Salud, conformada por clínicas y sanatorios públicos y del IHSS, así como por hospitales o unidades privadas de salud.
Con la vieja ley, los servicios médicos eran prestados exclusivamente por el Seguro Social y mediante la subrogación de algunos servicios a laboratorios u hospitales privados con los cuales el IHSS firmaba contratos de prestación de servicios en ciertas regiones del país. Sin embargo, este modelo resultaba demasiado oneroso y su cobertura era limitada.
No obstante, el nuevo esquema de atención sanitaria que se crea bajo la nueva ley, contempla que un asegurado que por saturación u otras circunstancias no pueda ser atendido en una clínica u hospital del IHSS o del sistema público, podrá recibir atención, sin ningún costo, en las clínicas privadas que formen parte de esta red.
Además de la nueva Ley del IHSS, se aprobarán próximamente la Ley del Sistema Nacional de Salud, Ley de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Ley de Seguro de los Accidentes de Tránsito.
Aprobaciones en primer y segundo debate
En la sesión de este martes, se aprobó en segundo debate un proyecto de decreto encaminado a aprobar en todas y cada una de sus partes el contrato de operación para la generación de potencia y energía eléctrica, enviado por el Poder Ejecutivo y suscrito por la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas con la Sociedad Hidroeléctrica Cuyagual S.A. para la instalación de la planta hidroeléctrica Santa Lucía, localizada en la aldea Santa Lucía, municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
Asimismo, pasó en primer debate el proyecto de decreto introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por Comayagua, Miguel Edgardo Martínez y dictaminado por la comisión ordinaria de presupuesto, orientado a autorizar a la corporación municipal de Ajuterique, a efecto que suscriba un préstamo por 10 millones de lempiras con el Banco Hondureño del Café (Banhcafé), para cumplir como contraparte del proyecto del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de ese municipio.
Iniciativas de ley, correspondencia y manifestaciones
En la etapa de presentaciones de proyectos de ley, el diputado nacionalista por Lempira, Juan Carlos Valenzuela, presentó un proyecto una iniciativa orientada a interpretar el artículo 2 del decreto legislativo 38-2016 en el sentido que corresponde a la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público Privadas (Coalianza), el pago de hasta el dos por ciento del valor del proyecto en concepto de servicios de estructuración conforme a un procedimiento especial que establece este decreto.
De su lado, la diputada liberal por Francisco Morazán, Gabriela Núñez, presentó un proyecto de decreto encaminado a autorizar a la Secretaría de Finanzas para que mediante una transferencia interna de recursos provenientes de las partidas que determinen convenientes establezca una asignación de una partida en el Presupuesto General de la República del año 2017 por un monto de tres millones de lempiras a favor del Grupo de Empresarios y Profesionales (Geproca), fondos que deben utilizarse para la construcción de las oficinas para la asistencia social en el terreno que ellos dispongan legalmente.
Entretanto, el diputado pinuista por Francisco Morazán, Boris Espinal, presentó un proyecto para crear la Ley de Apoyo y Fomento Turístico dentro de los Pueblos Encantados de Honduras que tiene la finalidad de promover el turismo interno en municipios y comunidades que tienen características relevantes y que permitan enlazar la historia y costumbres que van a permitir un desarrollo económico integral de esas comunidades.
Como correspondencia remitida por el Poder Ejecutivo, se conoció el proyecto de ley orientado a reformar el artículo 155 de la Constitución de la República.
Asimismo, se conoció otro anteproyecto de decreto contentivo de la contrata de aprovechamiento de aguas nacionales para la generación de energía eléctrica mediante el proyecto hidroeléctrico sobre el río Mame.
Otra iniciativa proveniente del Ejecutivo es la que contiene el proyecto que contiene el contrato de préstamo número 3815/BL-HO, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Honduras por un monto de 75 millones de dólares para la ejecución del programa de integración vial regional dos.
También se conoció el proyecto de ley contentivo del contrato de préstamo 3771/BL-HO, suscrito entre el BID y el gobierno de Honduras para el financiamiento por un monto de hasta 20 millones de dólares para la ejecución del proyecto Ciudad Mujer; el otro proyecto es el que tiene que ver con el contrato de préstamo 2098, suscrito entre el gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), hasta por un monto de 20 millones 244 mil 117 dólares para la ejecución del proyecto ampliación y mejoramiento de la carretera CA.5 Norte, segmento uno y dos.
De su lado, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), por Cortés, José Edgardo Castro, presentó una manifestación para lamentar y condenar el vil asesinato del periodista y productor de televisión, Igor Padilla.
La primera vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana miércoles a las 3:00 de la tarde.