Al menos quince periodistas hondureños fueron víctimas del desplazamiento forzado en 2017 por amenazas de muerte y hostigamiento, señaló ayer martes un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Cinco de los periodistas fueron forzados a abandonar sus hogares o sus centros de trabajo, mientras que otros diez realizaron “acciones necesarias para salir al interior o exterior del país en busca de protección”, según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh.
“Para el ente estatal de derechos humanos es motivo de preocupación que las medidas existentes no sean suficientes, efectivas o adecuadas en materia de seguridad y justicia para las víctimas y sus familiares”, subrayó el organismo en un comunicado.
Las denuncias registradas por el Conadeh señalan que, en algunos casos, el ejercicio periodístico en sucesos de violencia en zonas dominadas por pandillas, bandas criminales o narcotraficantes “se traduce en peligro para los comunicadores”, quienes después son “objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión”.
En todo 2017 el organismo hondureño de derechos humanos registró alrededor de 688 casos de personas y familias en situación de riesgo o desplazamiento interno, de ellos el 2,2 por ciento pertenece a periodistas.
El defensor del pueblo hondureño, Roberto Herrera, dijo que estos son hechos que ejercen presión para que los periodistas o empleados de los medios de comunicación “sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares”.
En el marco de la crisis que vive Honduras derivada por el supuesto fraude en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017, “la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución contra personas ligadas a los medios de comunicación”, añadió.
Lo anterior, según el organismo hondureño, ha provocado un “incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares”.
Los periodistas hondureños también son, en muchas ocasiones, víctimas de amenazas y agresiones en las redes sociales.
Herrera indicó que todas esas acciones contra la libertad de expresión deben “ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización”, aunque reconoció que “hasta ahora sus autores actúan con total impunidad”.
“Las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de indagar e identificar para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, subrayó.
Añadió que la falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas por parte del Estado, “implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país”.
Dijo además que proteger el derecho a la libertad de expresión exige que “las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas y comunicadores sociales puedan realizar su trabajo libremente”.
Herrera indicó que, según una declaratoria de instituciones de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, divulgada en fecha no precisada, esa situación representa una “manifestación de violencia” que afecta a diversos actores sociales, entre ellos los periodistas.-EFE