El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha manifestado su condena ante el ataque armado que dejó dos personas heridas en la comunidad garífuna de Nueva Armenia, ubicada en Jutiapa, Atlántida. La institución hizo un llamado urgente a las autoridades hondureñas para llevar a cabo una investigación pronta y efectiva que evite la impunidad en este caso.
Juan José Arita, Delegado Regional del Conadeh en el Litoral Atlántico, expresó su preocupación por el incidente ocurrido la noche del domingo 6 de octubre. Informes preliminares indican que presuntos agentes del orden público dispararon, dejando gravemente heridas a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.
El Conadeh ha registrado la denuncia de oficio, iniciando las diligencias necesarias para recabar más información sobre este acto de violencia. Arita enfatizó la necesidad de que el Ministerio Público y la Policía Nacional implementen un proceso de investigación oportuno y diligente para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes según la ley.
El delegado también lamentó la persistencia de injusticias en las comunidades garífunas, así como el retraso en el cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los pueblos originarios y, en particular, de los afro-hondureños. Destacó la importancia de que el Estado atienda las recomendaciones para prevenir violaciones a los derechos humanos en estas comunidades.
La situación de violencia contra los pueblos indígenas y afro-hondureños en Honduras es alarmante, con reportes que indican que entre 2020 y 2023, aproximadamente una veintena de defensores de territorios han sido asesinados, incluyendo líderes de las comunidades Lenca, Pech y garífuna. Desde 2016 hasta mayo de 2024, el Conadeh ha recibido 202 quejas de personas de estos pueblos que se han visto en riesgo y han denunciado casos de desplazamiento forzado.
Los pueblos indígenas y afro-hondureños enfrentan desafíos significativos en la protección de sus derechos sobre tierras y recursos naturales, que son fundamentales para su sustento y identidad cultural. A pesar de que representan el 8% de la población total de Honduras, el Conadeh ha expresado su preocupación por la falta de acciones efectivas del Estado para garantizar el respeto y la protección de sus derechos, especialmente en un contexto marcado por la violencia y la impunidad.