La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, alertó este viernes que el desvío de recursos públicos destinados a los sectores más necesitados del país constituye una violación directa a los derechos humanos y agrava la desigualdad estructural en Honduras.
Izaguirre se pronunció en relación con las denuncias recientes sobre presuntas irregularidades en la distribución y manejo de fondos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La defensora enfatizó que la corrupción no solo representa una falta administrativa o un delito penal, sino que también tiene un profundo impacto social al afectar de manera desproporcionada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
«Cuando los recursos que deberían aliviar la pobreza son desviados, estamos frente a una violación clara de los derechos humanos», subrayó Izaguirre. Agregó que estos actos profundizan la exclusión y limitan el acceso de los hondureños a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda.
La titular del Conadeh instó a que la lucha contra la corrupción se aborde desde un enfoque de derechos humanos, exigiendo transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y un sistema de justicia imparcial y libre de presiones políticas. «El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar estos hechos con seriedad y garantizar que todos los involucrados, incluso aquellos que se beneficiaron indirectamente, enfrenten sanciones efectivas», apuntó.
Como parte de su labor, la institución emitió recientemente recomendaciones al Congreso Nacional, al Instituto de Acceso a la Información Pública y al Ministerio Público, orientadas a fortalecer los controles para prevenir la impunidad y asegurar la correcta administración de los recursos públicos.
Izaguirre también recordó que el uso de fondos estatales con fines de clientelismo político es inaceptable y contrario a los principios democráticos. «Los recursos públicos deben servir al bienestar colectivo, no a intereses particulares ni a estructuras partidarias», enfatizó.
La comisionada señaló que la corrupción sigue siendo uno de los problemas estructurales más graves del país. De acuerdo con las últimas cinco mediciones del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Honduras continúa figurando entre los países más corruptos del mundo, y es el cuarto peor evaluado en América.
El Conadeh reiteró que los actos de corrupción afectan especialmente a los sectores que dependen de los programas estatales para mejorar sus condiciones de vida, lo que convierte este flagelo en una amenaza directa al ejercicio pleno de los derechos humanos.
Finalmente, la institución nacional de derechos humanos exhortó a las autoridades a acelerar las acciones necesarias para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), destacando que este es un paso fundamental para garantizar la justicia y la dignidad de todos los hondureños.