El ente acusador del Estado señaló que la base de la información fue obtenida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y algunas corporaciones municipales consultadas.
«Del caso que nos acusaban por lavado de activos de 238 millones -de lempiras- y al final la Fiscalía en 18 meses que estuvimos privados de libertad bajaron más de 100 millones de lempiras que ellos no sustentaban la documentación», manifestó Orellana.
Y es que de las nueve empresas detectadas a los acusados y según informe de la Unidad Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la perito fiscal afirmó que, seis de estas estaban registradas a nombre de su esposa, una a nombre de su suegra y dos a nombre del oficial retirado de las FF.AA.
Sin embargo, la misma investigación señaló que era Orellana quien manejaba los hilos de todas -las nueve empresas- con dinero obtenido durante su asignación en La Mosquitia hondureña, a partir de 2014.
«Si bien es cierto que las empresas no estaban operando como lo manifiesta, pero no era por el delito de lavado de activos. Una de las empresas es para el servicio de taxi, el cual era necesario estar declarado como comerciante individual y en las otras vimos que si hay ingresos y préstamos obtenidos en el sistema cooperativismo y bancario nacional», indicó German Amador, abogado defensor.