Grupos comunitarios del occidente del país alzaron su voz este miércoles contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, al que acusan de imponer proyectos de gran envergadura sin consultar a las poblaciones afectadas, específicamente en torno a la construcción de la represa El Tablón.
Juan Castillo, coordinador del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Quimistán, fue contundente al señalar que “este gobierno actúa de manera dictatorial, haciendo proyectos sin socializarlos con las comunidades”. Según Castillo, la administración central no ha tomado en cuenta la opinión de los pobladores, ni se ha molestado en realizar estudios ambientales serios antes de ejecutar una obra de tal magnitud.
La represa El Tablón, impulsada como un proyecto estratégico para el Valle de Sula, promete mitigar hasta en un 43 % las inundaciones, generar 13.4 megavatios de energía hidroeléctrica, y beneficiar a más de dos millones de personas. Además, el gobierno afirma que se crearán más de 7 mil empleos directos y 22 mil indirectos.
Sin embargo, líderes comunitarios aseguran que la nueva ubicación del proyecto afectará gravemente a Santa Bárbara, provocando el desplazamiento forzoso de cinco comunidades productivas, y atentando contra el sustento y derechos de cientos de familias.
“No estamos en contra del desarrollo, pero sí de que se nos imponga sin siquiera preguntarnos. Es una actitud autoritaria que no esperábamos de un gobierno que se dice popular”, expresó Castillo.
En al menos tres cabildos abiertos, la población de Quimistán ha rechazado la represa, dejando clara su oposición a que el proyecto se lleve a cabo en esa zona. Para los líderes locales, este es un ejemplo de cómo el gobierno de Xiomara Castro prioriza intereses económicos y políticos por encima del bienestar de las comunidades rurales.
La situación tensa en Quimistán revela un creciente malestar en sectores que esperaban mayor inclusión y transparencia del actual gobierno. La demanda es clara: que se detenga el proyecto hasta que se socialice de forma real y se respeten los derechos de las comunidades afectadas.