Comisión Interventora del Seguro amplio contrato a empresa investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

investiganacoemLos miembros de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, Vilma Cecila Morales, Roberto Carlos Salinas, German Edgardo Leitzelar y Ninfa Roxana Medina, aprobaron una aprobación a un contrato a la Compañía de Servicios Múltiples COSEM  que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demando para tratar de recuperar mas de un millón de dólares que se pagaron por esta empresa para el pago de sobornos.

La Junta Directiva resolvió que el contrato que COSEM tenia con el IHSS para la contratación de servicios profesionales de organización, digitalización, digitación, depuración, automatización, sistematización de archivos y base de datos de planilla y tarjetas de afiliación de la cuenta individual, se prorrogara.

Dicha resolución fue firmada y aprobada por Vilma Cecila Morales, Roberto Carlos Salinas, German Edgardo Leitzelar y Ninfa Roxana Medina pero ellos no se dieron cuenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado una demanda civil de confiscación que buscaba expropiar nueve propiedades por un valor aproximado de 1,528,000 dólares que presuntamente fueron compradas con fondos rastreables a 2 millones de dólares en pago de soborno por una compañía hondureña de información tecnológica al ex Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La Fiscal General Adjunta Leslie R. Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal de los EE. UU. Kenneth Polite, Jr.  del Distrito Este de Louisiana, el Director Ejecutivo Asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional Peter T. Edge de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos hicieron el anuncio.

«Mario Zelaya, fue el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en vez de construir una red de seguridad social para los ciudadanos de su país, él presuntamente usó su posición de cargo público para robar dinero público para sí mismo,” dijo la Fiscal General Adjunta Caldwell. «Nuestra acción de hoy refleja cómo la Iniciativa de la División Criminal de Cleptocracia, con nuestra red de socios de las fuerzas de aplicación de la ley alrededor del mundo,  localizarán y recuperarán las ganancias mal habidas de funcionarios corruptos. Los criminales no deben equivocarse: los Estados Unidos no es un refugio para el producto de sus delitos. Si esconden o invierten su dinero robado aquí, nosotros usaremos todas nuestras herramientas legales que tenemos para encontrarlos e incautarlo.»

«La Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Este de Louisiana está comprometida para trabajar con nuestros socios de aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar que este distrito no sea usado para lavar fondos obtenidos por la corrupción, sin importar la fuente de la corrupción,» dijo el Fiscal General Polite.

«La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continuará trabajando en cooperación con nuestros socios internacionales de aplicación de la ley para asegurar que nuestro país no sea utilizado como un refugio para funcionarios corruptos extranjeros para ocultar sus activos,» dijo el Director Ejecutivo Asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional Peter T. Edge.

Del 2010 al 2014, el Doctor Mario Roberto Zelaya Rojas, de 46 años, de Tegucigalpa, fungió como el Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), una institución hondureña gubernamental que provee servicios de seguridad social, incluyendo beneficios de compensación, jubilación, maternidad y muerte para los trabajadores. De acuerdo a las alegaciones en la demanda de confiscación, Zelaya solicitó y aceptó 2.08 millones de dólares en sobornos de la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L (COSEM), a cambio de priorizar y agilizar los pagos adeudados a COSEM bajo un contrato de 19 millones de dólares con el IHSS. Zelaya también presuntamente instruyó a COSEM a realizar pagos de sobornos a dos miembros de la Junta Directiva del IHSS encargados de supervisar el contrato de COSEM. Para ocultar los pagos ilícitos, COSEM presuntamente envió sobornos a través de su compañía filial, CA Technologies.

Como se alega en la demanda, las ganancias de los sobornos fueron lavadas en los Estados Unidos y usadas por Zelaya y su hermano, Carlos Alberto Zelaya Rojas, para adquirir bienes raíces en el área de Nueva Orleans. Ciertas propiedades  fueron tituladas a nombre de empresas nominalmente controladas por el hermano de Zelaya en un esfuerzo de ocultar la fuente ilícita de los fondos así como el beneficiario. La acción actual busca confiscar nueve propiedades adquiridas con las ganancias del supuesto esquema de soborno de Zelaya.

La investigación fue conducida por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Nueva Orleans y Miami. El caso está siendo manejado por los abogados litigantes Stephen A. Gibbons y Marybeth Grunstra de la División Criminal de la Unidad de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, y el Fiscal Adjunto de los Estados Unidos Daniel P. Friel del Distrito Este de Louisiana. Asistencia sustancial fue proporcionada por el Ministerio Público de la República de Honduras y el Oficial Agregado en Tegucigalpa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Este caso fue presentado bajo la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Cleptocracia. Bajo esa iniciativa, fiscales dedicados de la División Criminal de la Unidad de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero trabajan en sociedad con las Oficinas del Fiscal General de los Estados Unidos y agencias federales de aplicación de la ley para confiscar las ganancias de funcionarios extranjeros corruptos y, cuando sea posible y apropiado, poner las ganancias confiscadas del producto de la corrupción para ser utilizadas a beneficio de la gente del país dañado por el abuso de los cargos públicos.

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