David Castillo, de profesión ingenirero eléctrico, era el presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en el momento que la defensora de los indígenas Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante dictamen pericial de vinculación telefónica, ha logrado concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre el expresidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo Mejía y el exmilitar, Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la líder ambientalista.
En dichas comunicaciones, los imputados dan seguimiento al plan de asesinato.
Asimismo, con pruebas complementarias, se pudo establecer un pago de 500 mil lempiras de Castillo Mejía para los sicarios y por parte de la ATIC se tiene una declaración relacionada a la confesión que hizo uno de los coimputados en el sentido que el expresidente de DESA pagó por el asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres.
En este caso, pese a que la audiencia preliminar inició en fecha 24 de septiembre de 2019, la misma todavía no finaliza por dilaciones en la contestación de cargos de la defensa del encausado.
De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista.
Cabe destacar, que el equipo de investigación de la ATIC, mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas pudo vincular al procesado en el crimen de Cáceres Flores.
En este caso, Fiscales asignados a la Sección de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres de la FEDCV, lograron el pasado 29 de noviembre de 2018 que la terna de Jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declararan culpables a siete de ocho imputados que el Ministerio Público acusó como autores materiales e intelectuales intermedios de este lamentable asesinato que enlutó a toda Honduras.
El debate se desarrolló en cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.
Los sentenciados por este crimen son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, condenados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
La investigación en esta causa inició desde el 3 de marzo de 2016, fecha en que se conoció la noticia sobre el crimen de la líder ambientalista e indígena y en la que el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, conformó un Equipo Multidisciplinario, que en tiempo record logró recolectar la prueba técnica y científica, útil, pertinente y proporcional para llevar el caso a los tribunales y dar una respuesta a la comunidad nacional e internacional que exigía justicia.
Cabe subrayar, que el caso aún sigue abierto y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres.