El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público contra varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro, entre ellos la ministra de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada. También fueron señalados Christian Duarte (ministro de Finanzas), Marlon Ochoa (exministro de Finanzas), Ricardo Salgado (ministro de Planificación Estratégica), María Eugenia Maradiaga (exgerente administrativa de la Secretaría de Planificación Estratégica), y Rosy Jaqueline Díaz (gerente administrativa de la misma Secretaría).
Los acusados enfrentan cargos relacionados con malversación de fondos públicos y fraude. En particular, Moncada, Ochoa y Duarte son señalados por el delito de malversación de caudales públicos debido a la aplicación incorrecta de fondos oficiales. Por su parte, Salgado, Maradiaga y Díaz enfrentan acusaciones de violación de los deberes de los funcionarios públicos y fraude.
La denuncia también involucra a varios comerciantes y empresas que, según el CNA, habrían estado involucrados en actividades fraudulentas vinculadas a estos casos.
Durante la presentación del informe, Gabriela Castellanos, directora del CNA, afirmó que auditar el poder ha sido una tarea difícil, especialmente al tratar de desmentir la «verdad» que algunos sectores intentan imponer, asegurando que solo los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) podrían creer que no existen actos de corrupción dentro del gobierno. Castellanos denunció además las dificultades que el CNA ha enfrentado al intentar acceder a información oficial, la cual ha sido sistemáticamente bloqueada por las instituciones gubernamentales.
El informe del CNA revela que entre 2022 y 2024, la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) destinó más de 600 millones de lempiras para la contratación de publicidad y propaganda, con irregularidades en los procesos de contratación. En particular, el CNA señaló que no se realizaron los procedimientos adecuados, como la publicación en el portal de compras públicas (Honducompras) ni la formación de comisiones evaluadoras, entre otras irregularidades.
Además, el informe destaca que la Secretaría de Finanzas, bajo la administración de Moncada y Ochoa, modificó el uso de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), originalmente destinado a la crisis de los combustibles, para aumentar el presupuesto de la SPE en gastos publicitarios. Esta alteración del destino de los fondos, que no fue aprobada por el BCIE, es una de las principales bases de la denuncia presentada por el CNA.
Luis Urbina, jefe de la unidad de investigaciones del CNA, detalló que en 2023 la Secretaría de Planificación Estratégica gastó 162 millones de lempiras en publicidad, mientras que en 2024 se destinaron más de 438 millones. Sin embargo, el informe subraya que no existía respaldo legal ni documentación que justificara gran parte de esos gastos.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, exigió que el Ministerio Público no trate estas denuncias como simples acusaciones sin fundamento, sino que investigue a fondo los casos y ejerza su función de manera imparcial y efectiva. «Hoy desmitificamos la supuesta verdad de que no hay corrupción en el gobierno y revelamos cómo se manejan nuestros recursos», concluyó Castellanos.
Con esta denuncia, el CNA busca que se esclarezca el uso de fondos públicos en publicidad y propaganda, y que se sancione a los responsables de los presuntos actos de corrupción dentro del gobierno actual.