El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este jueves un presunto esquema de corrupción dentro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, donde se habrían adjudicado contratos por más de 13.7 millones de lempiras a empresas ligadas a familiares de funcionarios públicos.
El informe titulado “La sangre llama… y contrata” detalla cómo, entre los años 2022 y 2024, se efectuaron compras irregulares a por lo menos diez empresas que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa de contratación pública. El nexo entre las compañías beneficiadas y altos funcionarios de la Secretaría evidencia, según el CNA, un patrón de conflicto de interés y abuso de autoridad.
Entre los señalados figuran Jackeline Lizzette Pinto, gerente administrativa, y Fredis Naúl López Escober, subgerente de recursos materiales y servicios generales. Ambos habrían favorecido, directa o indirectamente, a sociedades mercantiles en las que sus familiares figuran como socios.
En el caso de López Escober, el CNA identificó que su círculo familiar —incluyendo esposa, hermanos, hijas, yerno y sobrinas— posee vínculos con al menos cinco empresas que recibieron contratos por parte de la institución. Además, se constató su participación en comités de adjudicación de compras menores, lo que agrava la presunta responsabilidad administrativa y penal.
Por su parte, Jackeline Pinto también habría incurrido en prácticas similares al favorecer con contratos a empresas vinculadas a su esposo, cuñada y yerno.
Según el CNA, las evidencias recopiladas configuran la posible comisión de delitos como fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos. El ente anticorrupción exige a las autoridades competentes iniciar procesos de investigación penal y administrativas para sancionar a los responsables.
Esta nueva denuncia del CNA pone de manifiesto cómo redes de parentesco continúan instrumentalizando el aparato estatal para obtener beneficios económicos al margen de la ley, debilitando la transparencia en el manejo de los recursos públicos.