El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público contra el ministro de Educación, Daniel Sponda, por presunta administración desleal del patrimonio público, tras descubrir irregularidades en la adquisición de pupitres en la Secretaría de Educación.
En su informe titulado “Derroche injustificado en la compra de pupitres”, el CNA reveló una serie de inconsistencias que evidencian un manejo inapropiado de los recursos destinados al sector educativo. La denuncia también alcanza a tres miembros de una comisión evaluadora en la Secretaría de Educación: Kilver Eveny Carranza Maradiaga, Alvar Alejandro Santos García y Melvin David Núñez Baca, a quienes se les imputa el delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, explicó que durante la investigación se detectaron serias anomalías, como actas de entrega sin sello ni firma, documentos oficiales con el mismo número de registro pero con contenidos contradictorios, e incluso pupitres que supuestamente fueron entregados por un diputado, lo que sugiere un uso indebido de la compra para fines políticos.
“Es lamentable que las instituciones del Estado sean utilizadas para el proselitismo político y la compra de conciencias. El presupuesto de la Secretaría de Educación debería ser utilizado de manera eficiente y transparente, no para despilfarrar recursos”, expresó Castellanos. La funcionaria agregó que la investigación reveló un gasto adicional de más de ocho millones de lempiras sin justificación, destacando que la compra de pupitres fue más cara de lo necesario, cuando existían otras ofertas de igual calidad a precios más bajos.
Según Castellanos, las autoridades educativas no solo vulneraron la Ley de Contratación del Estado, sino que también aprovecharon la situación de los escolares y maestros, quienes son los más afectados por este tipo de irregularidades. “Este es un claro ejemplo de falta de respeto por los recursos públicos. Aquí no hay errores, hay intenciones, y son evidentes. Prefirieron despilfarrar millones de lempiras en lugar de ahorrar”, comentó.
Por su parte, Luis Urbina, miembro de la unidad de investigación del CNA, detalló que en el proceso de adquisición hubo modificaciones en la solicitud original. Inicialmente, se solicitó un monto de 15 millones de lempiras para la compra de mesas y pupitres para varios departamentos del país, incluyendo Francisco Morazán, Olancho, Yoro y Colón. Sin embargo, para septiembre de 2022, la solicitud fue modificada para incluir pizarras, excluyendo al departamento de Colón de la distribución.
Además, Urbina indicó que, el 14 de octubre de 2022, se realizó una nueva solicitud por 41 millones de lempiras para la compra de pupitres, pizarras y sillas. A pesar de este ajuste, las autoridades educativas intentaron cambiar el proceso de licitación pública nacional a un proceso de contratación especial, lo que generó aún más sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
El informe del CNA concluye que el monto total erogado por la compra de los pupitres alcanzó los 38 millones 716 mil 932 lempiras, lo que representa un despilfarro de alrededor de ocho millones de lempiras que pudieron haberse ahorrado.
La denuncia del CNA ha puesto en el centro del debate la necesidad de una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos en el sector educativo, y exige una investigación profunda para esclarecer las irregularidades y sancionar a los responsables.