La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, volvió a señalar la grave crisis estructural que afecta al Ministerio Público (MP), destacando que esta debilidad ha persistido durante varias décadas. Según Castellanos, la justicia en Honduras está sometida a los intereses políticos y burocráticos, lo que compromete su imparcialidad y eficacia.
“La justicia en este país no está al servicio del pueblo. El Ministerio Público arrastra una debilidad histórica. No es de hoy, sino de décadas, un MP que requiere permiso para todo, donde las decisiones sobre qué casos se investigan dependen de la política y no de la ley”, afirmó Castellanos. La directora hizo un llamado urgente a implementar la justicia y dejar de lado lo que calificó como “venganza” dentro de las instituciones judiciales.
Por otro lado, la funcionaria también expresó su preocupación por el rol que desempeña el Congreso Nacional en la política hondureña. Según Castellanos, el Legislativo no está cumpliendo con su función representativa y está perjudicando el manejo de los recursos públicos. “El Congreso Nacional no nos representa, no nos sirve. Lo único que hace es drenarnos el presupuesto de las arcas públicas. Es un Congreso que no responde a las necesidades del pueblo”, señaló de manera tajante.
La crítica a la institución legislativa se extendió también a la figura del presidente del Congreso, Luis Redondo, a quien Castellanos recordó su nombramiento ilegal y cuestionó su gestión. “Desde que asumió, hemos dicho en nuestros informes que Luis Redondo está en ese puesto de manera ilegal. Sin embargo, lo más grave es que no ha sido capaz de legislar para el pueblo”, afirmó la directora del CNA.
En cuanto al caso del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las investigaciones sobre las elecciones del pasado 9 de marzo, Castellanos hizo un llamado a la transparencia. Aseguró que es esencial esclarecer lo sucedido con los retrasos en el conteo de votos, especialmente el hecho de que las urnas llegaron a las 10 de la noche cuando deberían haber estado a las 6 de la mañana. “Es fundamental que los consejeros del CNE acudan como testigos, y se debe aclarar quiénes fueron los responsables de los retrasos. Honduras necesita respuestas claras sobre lo ocurrido”, dijo Castellanos.
Respecto a la polémica sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), Castellanos no tuvo reparos en asegurar que el gobierno nunca tuvo la intención real de traerla al país. “Ya no tiene sentido seguir discutiendo si la CICIH vendrá o no. El mensaje es claro: nunca hubo un verdadero interés en traerla. Solo quedó en palabras vacías. Hasta los que promovieron su llegada ahora se van”, señaló.
Finalmente, sobre las investigaciones que actualmente se están llevando a cabo bajo el actual gobierno, Castellanos aseguró que el CNA sigue adelante con diversas indagaciones. “Hay procesos abiertos, estamos trabajando en más investigaciones”, concluyó, dejando claro que el trabajo del Consejo Nacional Anticorrupción sigue adelante a pesar de los obstáculos que enfrentan las instituciones del país.