El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia formal contra dos jueces que, según el organismo, favorecieron a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya mediante la aplicación del decreto 04-2022, conocido como la Amnistía Política. Este decreto, que el CNA ha denominado “Pacto de la Impunidad”, ha sido objeto de controversia por su uso en casos de corrupción.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, detalló en conferencia de prensa que la denuncia se dirige contra Víctor Méndez, juez de letras de lo penal, y Alma Jacqueline Paz, jueza de ejecución. Ambos jueces están acusados de prevaricato judicial por su rol en la aplicación de la Amnistía Política a los exfuncionarios.
Castellanos señaló que los jueces fueron responsables de otorgar amnistía a Enrique Flores Lanza, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), y Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). La directora del CNA criticó que los togados aplicaron la amnistía con argumentos débiles y sin considerar adecuadamente los actos ilícitos cometidos por los exfuncionarios en el ejercicio de sus funciones públicas.
“El uso de la amnistía política se ha convertido en una puerta abierta para que exfuncionarios y autoridades electas durante la administración de Manuel Zelaya se beneficien, argumentando persecuciones políticas,” afirmó Castellanos. La directora también mencionó que el decreto fue aprobado por el Congreso Nacional actual y que su aplicación ha sido cuestionada por permitir que algunos casos de corrupción queden impunes.
Luis Urbina, investigador del CNA, advirtió que esta figura de amnistía podría fomentar la impunidad en futuras administraciones, permitiendo que casos judicializados sean beneficiados bajo el pretexto de persecución política. Urbina también reveló que solicitarán al Ministerio Público iniciar un proceso de antejuicio contra los jueces denunciados, quienes ya no ocupan sus cargos.
El CNA subrayó que esta denuncia busca frenar el uso indebido de la amnistía y proteger la integridad de la justicia en el país. La oficina del organismo anticorrupción ha manifestado su compromiso en continuar vigilando la aplicación de la ley y en exigir transparencia y justicia en todos los casos de corrupción.