El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó este viernes la apertura de un juicio político contra la presidenta de Honduras, alegando que sus acciones han dañado el interés nacional y comprometido la integridad del Estado. En un análisis titulado “Juicio Político a la Titular del Poder Ejecutivo”, la organización argumenta que existen fundamentos jurídicos suficientes para proceder con este mecanismo legal.
El informe del CNA insta a los diputados del Congreso Nacional a seguir el procedimiento correspondiente para investigar las denuncias. Según el estudio, hay tres causales para someter a juicio político a altos funcionarios: graves denuncias sobre su desempeño, acciones que contravengan la Constitución o el interés nacional, y manifiesta negligencia o incompetencia.
“El artículo 234 de la Constitución de la República establece el juicio político como un recurso aplicable a funcionarios que realicen actos en contra del interés nacional,” explicó el CNA. El análisis cuestiona específicamente la reciente denuncia hecha por la presidencia sobre el Tratado de Extradición con Estados Unidos, afirmando que carece de base sólida y se orienta a crear impunidad en el país.
El CNA sostiene que el procedimiento de denuncia del tratado no se sustentó adecuadamente, y que las razones expuestas por el gobierno—como supuestos ataques internos y externos—parecen tener más un carácter político que una base real que justifique la terminación del tratado. Este tratado, según el análisis, era una herramienta crucial en la cooperación internacional contra el crimen organizado.
El informe concluye que, además de cuestionar la legalidad del proceso de denuncia, las alegaciones del gobierno carecen de una motivación legítima, lo que resulta en una grave lesión a la buena fe con la que se aplicó el tratado. Además, señala que al priorizar la supuesta amenaza al gobierno por encima del interés nacional en la lucha contra la criminalidad, se afecta severamente la seguridad jurídica del Estado de Honduras.