El presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva se reunió este miércoles con el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional encabezado por el mandatario Juan Orlando Hernández para conocer los alcances y objetivos del paquete de reformas al Código Penal, entre otras leyes y fortalecer los instrumentos jurídicos en la lucha contra la extorsión, grupos criminales, maras y pandillas, entre otros cambios al estamento jurídico.
El gobernante llegó a la sede del Poder Legislativo junto al ministro de Seguridad, general retirado Julián Pacheco Tinoco y el viceministro de Defensa general retirado Fredy Díaz Zelaya quienes expusieron a los jefes de bancada la necesidad de aprobar esas reformas conocidas como Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.
En comparecencia de prensa, el presidente de la comisión especial multipartidaria nombrada para dictaminar el proyecto de decreto, José Tomás Zambrano explico que la propuesta se orienta a reformar varios estamentos jurídicos, entre ellos el Código Penal, en cuanto al delito de extorsión, el terrorismo, así como las causales de inculpabilidad y los delitos de asociación ilícita.
Los cambios al Código Procesal Penal van en torno a las medidas cautelares y a las pruebas anticipadas con el fin de establecer que quienes sean víctimas de delitos que se consideren graves puedan utilizar la Cámara de Gesell para que la víctima no deba presentarse a cada una de las audiencias y del proceso.
Otra reforma se refiere a la ley de intervención de llamadas telefónicas privadas con el fin de fortalecer y elevar la cooperación con los operadores de telefonía móvil así como a la ley de bloqueo a las comunicaciones en los penales y a futuro no tener que hacer cambios cuando surjan nuevas tecnologías.
Otros cambios se harán a la Ley del Financiamiento Contra el Terrorismo y adecuarla con los cambios al Código Penal y poder catalogar como terrorismo esas acciones criminales.
Se agrega la Ley del Sistema Penitenciario con el fin de poner orden y clasificar la peligrosidad del privado de libertad y determinar quién tiene el mando, como van a ser las decisiones y hacer menos engorrosos los trámites administrativos al momento de tomar decisiones. Se revisará además el tema de pre liberación y clasificación a cada uno de los privados de libertad.
Zambrano acotó que la iniciativa ya se envió para su opinión a la Corte Suprema de Justicia y los dos titulares de poderes del Estado le han pedido al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, la anuencia y disposición para agilizar el proceso porque el Congreso Nacional requiere esa opinión para someter el proyecto ante el pleno de la Cámara Legislativa.
En ese sentido, precisó que la propuesta se conocerá en el pleno la próxima semana para lo cual hay anuencia de los jefes de bancada de poder acompañar a los operadores de justicia en la lucha contra la criminalidad, aseveró Zambrano.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, aportó que luego de tres años de intensa actividad por parte de los operadores de justicia, con avances en el tema de extorsión,
sicariato, narcotráfico y manejo y administración de los centros penales, han hecho un alto para revisar y pedir al Congreso Nacional y a la CSJ los ajustes legales que den mayor efectividad a los operadores de justicia en esa lucha.
Lo que se pide es un ajuste, no una ley especial ni impunidad para los operadores de justicia sino protección para ellos que se exponen a diario en distintos operativos y que por ese cumplimiento se ven involucrados en ilícitos, pero que están ahí por orden de la sociedad y del Estado y éste por ende está en la obligación de protegerles y darles un trato justo en los procesos judiciales, argumentó el funcionario.
Por su parte, el viceministro de Defensa, general retirado Fredy Santiago Díaz Zelaya, señaló que su presencia en la reunión fue en representación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) para exponer la realidad que viven los operadores de justicia que laboran en las distintas áreas rural y urbana para detener a la persona que ha cometido ilícitos y llevarla la cárcel.
Argumentó que lo que se pide es actualizar una ley creada en cierto momento, pero que hoy se vive otra realidad y en ese sentido se han hecho los análisis pertinentes para revisar algunos artículos de estas leyes, que se puedan actualizar y que ese esfuerzo que hace un policía, un agente de investigación tenga el fruto que se espera y un juez la herramienta vigente con una ley que recoja esos actos que hoy se cometen y perjudican a la población.