La junta directiva del Congreso Nacional convocó a los diputados de todas las bancadas representadas en la Cámara Legislativa para celebrar sesión el próximo martes 10 de enero a las 3:00 de la tarde, donde se debatirán las reformas al Código Penal y otras leyes con el objetivo de combatir la extorsión y tipificar como terrorismo delitos cometidos por estructuras criminales como maras o pandillas.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un paquete de iniciativas encaminadas a reformar el Código Penal y otras leyes para atacar a los criminales dedicados a extorsionar e infundir miedo a la sociedad.
Específicamente, la iniciativa está orientada a reformas artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Granjas Penales, Ley de Inteligencia Nacional, Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas y Ley del Instituto Nacional Penitenciario, que servirían para frenar el surgimiento de bandas extorsivas y neutralizar las existentes.
Se propone reformar el artículo 222 del Código Penal, un individuo incurriría en el delito de extorsión con el simple hecho de exigirle dinero bajo amenaza a una persona.
Asimismo, la iniciativa está encaminada a agregar dos párrafos al artículo 335 del Código Penal con el propósito de calificar de terrorismo los actos que infundan temor en la población.
Las demás iniciativas se orientan a limitar los servicios de telecomunicaciones de las cárceles para que no sean aprovechados por los privados de libertad, lo mismo que sobre intervenciones telefónicas de modo que las compañías que los brindan puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley.
También se propone la derogación de varios artículos de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para que exista una autoridad con amplias atribuciones y autonomía en cada centro penal del país, y establecer tres tipos de régimen ordinario para la separación adecuada de reos de máxima peligrosidad en los presidios.
Además, la reforma va encaminada a crear una Academia Nacional Penitenciaria con el fin de profesionalizar agentes y otros servidores; establecer un proceso de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad para evitar su reincidencia en el delito y reducir el hacinamiento en los centros penales mediante traslados a otras prisiones.
La reforma tiene como objetivo también impedir que los privados de libertad tengan acceso a todo tipo de informaciones y comunicación a través de terceros, entre ellos las visitas, y crear un programa de ocupación comunitaria, educativa y productiva de manera que se reduzca a cero el ocio de los reos mediante actividades obligatorias.
Asimismo, la propuesta está orientada a regular el beneficio de pre liberación que actualmente es otorgado automáticamente cuando los reos cumplen algunos requisitos, como el de buen comportamiento.
El Congreso Nacional también retomará la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional.