CN aprueba préstamo para instalar centros de atención del programa Ciudad Mujer

El Congreso Nacional continúa legislando con rostro de mujer, y prueba de ello es que este miércoles el pleno del Congreso Nacional, aprobó con dispensa de dos debates y por unanimidad el decreto enviado por el Poder Ejecutivo y dictaminado por una comisión especial, contentivo del contrato de préstamo 3771/BL-HO, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Honduras para el financiamiento por un monto de hasta 20 millones de dólares para la ejecución del proyecto Ciudad Mujer que tiene como finalidad la construcción de tres centros regionales localizados en La Ceiba, Atlántida; Juticalpa, Olancho y San Pedro Sula, Cortés.

El programa Ciudad Mujer facilita que las mujeres usen los servicios públicos  al colocarlos todos bajo un mismo espacio, ahorrándoles costos y tiempo, tal como los estudios que se han realizado sobre este modelo lo demuestran.

El programa está dirigido a  todas las mujeres de 15 años o más de edad del país y, en particular, las mujeres hondureñas que presentan mayores niveles de exclusión social y vulnerabilidad y que son víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Se incluyen las mujeres migrantes retornadas de una migración irregular y las mujeres adolescentes.

El decreto establece que los pagos incluyendo entre otros los realizados en concepto de capital, intereses, montos adicionales, capitales y gastos, estarán exentos de toda clase de deducciones, impuestos, derechos, tasas, contribuciones, recargos, arbitrios, aportes, honorarios, contribución pública, gubernamental o municipal y otros cargos hondureños.

Asimismo, todos los bienes y servicios que sean adquiridos con los fondos de este contrato de préstamo y fondos nacionales para la ejecución del programa ciudad Mujer quedan exonerados de gravámenes arancelarios, impuestos selectivos al consumo e Impuesto Sobre Ventas (ISV) que grave la importación y/o compra local.

Los miembros de la comisión de dictamen y los demás diputados que intervinieron en la aprobación del contrato de préstamo destacaron y alabaron el impulso que ha dado el programa Ciudad Mujer, la esposa del presidente del Congreso Nacional, la doctora Rina de Oliva, así como al propio titular de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva quien prestó toda la colaboración para hacer realidad el programa que beneficiará a las mujeres hondureñas precisamente en la víspera de la celebración del día nacional consagrada a ellas.

El Congreso Nacional también aprobó este miércoles proyectos de decreto orientados a beneficiar a las municipalidades de Ajuterique en Comayagua y Esquipulas del Norte en Olancho, al tiempo que avanzó en la aprobación de la Ley de Inspección Laboral y la nueva ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Readecuaciones de deuda

En ese sentido, se aprobó con la dispensa del segundo debate, el proyecto de decreto introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por Comayagua, Miguel Edgardo Martínez y dictaminado por la comisión ordinaria de presupuesto, orientado a autorizar a la corporación municipal de Ajuterique, a efecto que suscriba un préstamo por la cantidad 10 millones de

lempiras con el Banco Hondureño del Café (Banhcafé), para cumplir como contraparte del proyecto del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de ese municipio.

La cancelación de dicho empréstito se realizará mediante el uso de los recursos provenientes de los ingresos corrientes y la proporción de transferencia gubernamentales, según lo establecido en el artículo 152 de las disposiciones presupuestarias de 2016.

La readecuación de la deuda como las condiciones de pago, plazos y garantías, entre otros debe concertarse a conveniencia y en el mejor interés de la municipalidad de Ajuterique que también queda exonerada del pago del ISV por la compra de materiales, suministros y otros insumos para la realización de proyecto en mención.

También se aprobó con dispensa de dos debates un proyecto de decreto orientado a autorizar a la municipalidad de Esquipulas del Norte del departamento de Olancho a efecto de que pueda formalizar con el Banco de los Trabajadores (Bantrab), la documentación y desembolso no completado por el Banco Continental, conforme a lo aprobado en el decreto legislativo 136-2012.

La municipalidad de Esquipulas del Norte queda obligada a transferir al Banco de los Trabajadores la documentación sobre cumplimiento de los requisitos que exige las leyes administrativas del país.

En la sesión de este miércoles se aprobó en tercer y último debate un proyecto de decreto encaminado a aprobar en todas y cada una de sus partes el contrato de operación para la generación de potencia y energía eléctrica, enviado por el Poder Ejecutivo y suscrito por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas con la Sociedad Hidroeléctrica Cuyagual S.A. para la instalación de la planta hidroeléctrica Santa Lucía, localizada en la aldea Santa Lucía, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, la que generará 6.2 megavatios de electricidad..

Ley de Inspección Laboral

El Congreso Nacional aprobó este martes en tercer y último debate desde el artículo 79 al 90 de la Ley de Inspección Laboral enviada por el Poder Ejecutivo y dictaminada por una comisión especial, la que tiene el objetivo de garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo. Para terminar esta importante ley, solamente restan por aprobar 12 artículos.

La Ley de Inspección Laboral tiene como finalidad regular el sistema integrado de la inspección de trabajo y de seguridad social, promover, vigilar y garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo, previsión social, normas laborales, seguridad y salud en el trabajo y las relativas a la seguridad social.

De igual forma, deducir las responsabilidades correspondientes en el caso de infracción o incumplimiento en la obligación de las leyes relacionadas con las citadas materias en los centros de trabajo.

En la discusión y aprobación de la ley estuvieron el director general de Inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Selvin Martínez y el secretario general de esa dependencia abogado Jorge Bográn

Las autoridades de la Secretaría de Trabajo han explicado que entre más le deba el patrono al trabajador, mayor será la sanción que se le aplicará.

En ese sentido, cuando el patrono infrinja una norma laboral que provoque al trabajador un daño económico se impondrá al infractor una multa equivalente al 25 por ciento del perjuicio económico causado.

Asimismo, si la infracción perjudica a más de un trabajador, se aplicará el porcentaje anterior por cada uno de los afectados. No obstante, la multa por la infracción no será menor de cinco mil lempiras en caso que el 25 por ciento sea inferior a la cantidad anterior.

También se sancionarán las infracciones no monetarias, es decir, que se vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores protegidos por la Constitución de la República, leyes laborales y normas internacionales ratificadas por Honduras.

La sanción o multa será de 100 mil  lempiras y se aplicará por cada infracción. Además, se estipulan multas de 300 mil  lempiras a quienes por medio de amenazas atenten contra el derecho de libertad de asociación y sindicalización.

Los empleadores que se opongan a una inspección laboral se multarán con 250 mil lempiras y en caso de incumplir la celebración de un contrato colectivo, la sanción está establecida en 200 mil lempiras

En el proyecto original se solicita que el presupuesto de la Secretaría de Trabajo se aumente para cubrir las nuevas necesidades y asegurar la eficiencia de la Dirección General de Inspección Laboral. Lo anterior es con la finalidad de mejorar la calidad y cantidad de inspectores.

Para las autoridades proyecto de la Ley de Inspección Laboral es vanguardista, con una administración nueva del trabajo, sobre todo, que tiene que ver con el tema administrativo, laboral y protección de los trabajadores.

La ley crea un nuevo procedimiento administrativo para la justicia laboral; después, crea un marco regulatorio de sanciones que sean suficientes, efectivas y que permitan disuadir en los sectores productivos los incumplimientos laborales.

La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como autoridad administrativa en el ámbito de su competencia a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT).

El proyecto de Ley de Inspección Laboral, fue elaborado de forma conjunta entre los miembros del Consejo Económico y Social (CES) que integran el gobierno, la empresa privada y el sector obrero.

La propuesta marca un nuevo hito dentro del diálogo social establecido por el gobierno con los otros sectores ya que viene a modernizar todo el sistema de relaciones obrero-patronal.

En la sesión de este miércoles se aprobaron los artículos 58, 59 y 71 que el martes habían sido suspendidos.

Nueva Ley del IHSS

En la sesión de este miércoles se aprobó en primer debate desde el artículo 43 al 58 de la nueva Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que tiene como fin de garantizar que no se vuelva a repetir un desfalco como el que ocurrió en la administración anterior de ese organismo y es parte de las leyes que están cobijadas en la Ley Marco del Sistema de Protección Social para una Vida Mejor, aprobada por el Poder Legislativo en mayo de 2015.

Este miércoles se aprobaron aspectos como, el comité técnico de inversiones, el pilar de capitalización individual, capitalización colectiva, la administración, prestaciones y servicios, pensión por viudez, pensión por invalidez, pensión de sobrevivencia, pensión por orfandad, pensión por ascendencia, prestaciones y servicios y cuantía de las prestaciones, entre otros.

La nueva Ley del IHSS,  desarrolla todo lo relacionado con la prestación de servicios de salud, pensiones por invalidez, vejez y muerte, techos de cotizaciones. De acuerdo con la Ley del Sistema de Protección Social, el régimen del Seguro Social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos.

La normativa regula la aplicación del Seguro Social para la cobertura de los siguientes riesgos: enfermedad y accidente común, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, invalidez, vejez y muerte. El riesgo de cesantía involuntaria quedará sujeto a la emisión de los reglamentos pertinentes.

En el articulado de la ley, se desarrollan las disposiciones y principios fundamentales para el cumplimiento de los derechos constitucionales que en materia de seguridad social tiene el pueblo hondureño, conceptualizándola como un servicio público, de prioridad nacional con carácter obligatorio y vocación universal, que se prestará en forma de Seguro Social, en el marco de los principios fundamentales establecidos en el artículo 4 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, a fin de brindar los beneficios definidos, en las condiciones y con los requisitos consignados en esta ley y sus reglamentos.

El Seguro Social constituye un servicio público de carácter irrenunciable, que debe ser implementado con carácter obligatorio, conforme los procesos de gradualidad y progresividad que establece la Ley Marco del Sistema de Protección Social, esta ley y sus reglamentos, tanto en lo referente a los riesgos a cubrir como en las zonas geográficas a incorporar, debiendo considerar las necesidades sociales, las condiciones económicas prevalecientes en cada región y la capacidad de la institución.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social es una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente al de la hacienda nacional, y con jurisdicción en todo el territorio nacional.

A los efectos de esta ley se le denomina el “Instituto”, y se identifica con las siglas “IHSS”. Las prestaciones y servicios del Seguro Social serán prestados y administrados por el IHSS, por medio de sí y/o a través de Instituciones de Asistencia y Previsión Social que formen parte del Sistema Unitario Estatal.

La nueva normativa, que deroga la creada en 1959 y sus posteriores reformas, contempla como una de sus grandes novedades que todos los asegurados podrán recibir atención médica hospitalaria y medicamentos a través de una Red Integral Pública de Salud, conformada por clínicas y sanatorios públicos y del IHSS, así como por hospitales o unidades privadas de salud.

Con la vieja ley, los servicios médicos eran prestados exclusivamente por el Seguro Social y mediante la subrogación de algunos servicios a laboratorios u hospitales privados con los cuales el IHSS firmaba contratos de prestación de servicios en ciertas regiones del país. Sin embargo, este modelo resultaba demasiado oneroso y su cobertura era limitada.

No obstante, el nuevo esquema de atención sanitaria que se crea bajo la nueva ley, contempla que un asegurado que por saturación u otras circunstancias no pueda ser atendido en una clínica u hospital del IHSS o del sistema público, podrá recibir atención, sin ningún costo, en las clínicas privadas que formen parte de esta red.

Además de la nueva Ley del IHSS, se aprobarán próximamente la Ley del Sistema Nacional de Salud, Ley de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Ley de Seguro de los Accidentes de Tránsito.

En iniciativas de ley, la diputada nacionalista por Olancho, Teresa Concepción Cálix Raudales, presentó una iniciativa de ley orientada a condonar la deuda por en concepto del impuesto pecuario de la empacadora C y D con la municipalidad de Catacamas, departamento de Olancho para que dicha municipalidad puede extender el permiso de operación de la otra empresa procesadora y empacadora de carnes y de esa manera poder generar nuevamente empleo a los ciudadanos de Catacamas.

La presidenta en funciones del Congreso Nacional, Gladis Aurora López, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana jueves a las 10:00 de la mañana.

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