La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció hoy al Gobierno de Honduras la creación de un grupo de expertos para investigar el asesinato de la activista Berta Cáceres, como reclaman sus familiares y el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La Comisión tiene “disposición e interés” y cree que “es una buena posibilidad” designar un grupo de expertos para que investigue ese polémico caso en Honduras, a imagen del que indaga en México sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero necesita que el Estado esté de acuerdo.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, explicó que ese grupo no solo indagaría en la muerte de Cáceres sino también en otros casos de defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Honduras pese al deber del Estado de protegerles por tener medidas cautelares de la Comisión.
“Estos casos ponen en tela de juicio la eficacia del Estado de Honduras para implementar dichas medidas, proteger a las personas beneficiarias y cumplir con sus obligaciones internacionales”, afirmó el comisionado en rueda de prensa en Washington.
Cavallaro y el relator de país, Francisco José Eguiguren, se reunieron la semana pasada con el canciller hondureño, Arturo Corrales, para abordar el caso de Berta Cáceres.
En ese encuentro quedó claro, según el relato de los comisionados, que Honduras quiere que sea la misión anticorrupción de la OEA en el país la que se ocupe del caso, una posibilidad que rechazan totalmente los familiares de Cáceres.
Ahora la CIDH, con el pedido de Almagro y los familiares, insta a Honduras a responder a su oferta de crear un grupo de expertos que investigue la muerte de la activista.
“Pensamos que es una buena posibilidad lo de este grupo de expertos, pero queremos saber oficialmente qué piensa el Estado de Honduras al respecto”, sostuvo Eguiguren.
“En todo esto es muy importante el acuerdo, como el caso de México. Hay situaciones (como estas) en las que se requiere un acuerdo entre el Gobierno, los familiares y la Comisión”, añadió.
La CIDH puede otorgar medidas cautelares o pronunciarse sobre una cuestión “motu proprio”, pero para visitar un país o enviar expertos a una investigación necesita la invitación del Gobierno.
Prueba de esa limitación es que el Gobierno de México impedirá que el grupo de expertos de Ayotzinapa siga su labor a partir del 30 de abril, cuando concluye su mandato, pese a que los comisionados y los familiares quieren que siga hasta descubrir la verdad.
Honduras no ha respondido todavía a la petición que hizo la semana pasada Almagro a su canciller en Washington para que la CIDH, órgano autónomo de la OEA, cree un grupo de expertos que permita “fortalecer la investigación” del asesinato de la activista.
El titular de la OEA accedió parcialmente a la petición del Estado, al conceder que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) del organismo investigue si hubo corrupción en el caso de Cáceres.
Sin embargo, dejó claro que la vertiente de derechos humanos es algo que solo puede abordar la CIDH y pidió la creación de un grupo de expertos.
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada, rechazó la semana pasada que la misión de la OEA sobre corrupción investigue la muerte de su madre “al no tener facultades” para intervenir en el caso.
La líder indígena Berta Cáceres fue asesinada el pasado 2 de marzo en su casa en La Esperanza (Honduras), al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, a pesar de tener medidas cautelares de la CIDH desde 2009.