El Ministerio Público (MP), a través de su Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó este viernes el caso «Helios», una investigación que destapa una red de corrupción que habría desviado más de 143 millones de lempiras entre 2016 y 2017, durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández. El desfalco involucra a 15 personas, entre ellas, exempleados de Casa Presidencial, el Instituto de la Propiedad (IP) y particulares.
En el informe oficial, la Fiscalía señaló que, entre los implicados, se encuentra el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), José Octavio Godoy Urbina, quien, según las investigaciones, utilizó su influencia como funcionario cercano a Hernández para llevar a cabo el esquema ilícito. Godoy Urbina habría reclutado a varios empleados de confianza de la Casa Presidencial y del IP, así como a particulares, para crear empresas de maletín en el sector de la publicidad y las comunicaciones. Estas empresas, detalló el MP, fueron constituidas con el único propósito de desviar fondos públicos.
El modus operandi consistió en la emisión de 144 cheques a nombre de estas sociedades mercantiles, los cuales fueron depositados en cinco cuentas bancarias vinculadas a las empresas ficticias. Una vez depositados, los fondos fueron retirados a través de cheques emitidos a nombre de los acusados, quienes los cambiaron por efectivo, lavando el dinero obtenido de manera ilícita. En total, se calcula que los implicados lograron desviar una cifra que supera los 143 millones de lempiras.
El comunicado del MP también reveló que, como parte de las acciones judiciales, se han realizado capturas. Entre los detenidos figuran Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, quienes enfrentan cargos por fraude, lavado de activos y otros delitos relacionados con el caso.
Una de las revelaciones más graves en este caso es la implicación de la exministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Hernández, quien habría proporcionado un listado de personas que fueron utilizadas en el proceso de desvío de los fondos. El MP aseguró que la exfuncionaria jugó un papel clave en la elaboración del esquema corrupto, facilitando el acceso a los recursos públicos de Casa Presidencial.
Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía ha solicitado y obtenido el aseguramiento de nueve sociedades mercantiles, una organización no gubernamental, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos de producto financiero de 12 personas naturales y tres jurídicas. Esta acción busca garantizar que los bienes adquiridos con fondos ilícitos sean incautados mientras se llevan a cabo las investigaciones.
El caso «Helios» es solo uno de los muchos ejemplos de corrupción que han sacudido el país en los últimos años. La Fiscalía ha prometido seguir investigando a fondo la red de corrupción que operó en distintos niveles del gobierno, con la intención de llevar ante la justicia a todos los responsables, independientemente de su posición o poder.
Este escándalo pone de nuevo en evidencia la necesidad urgente de reformas profundas en las instituciones del Estado para evitar que estos actos de corrupción continúen socavando la confianza pública y los recursos destinados al bienestar de la población. La sociedad hondureña espera que la justicia se haga plenamente y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.