Fiscales adscritos a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública FETCCOP) se aprestan a representar los intereses generales de la sociedad en una serie de audiencias cuyas fechas de realización han sido determinadas por jueces competentes contra 22 personas por supuestos delitos de “cuello blanco”.
Entre los imputados destacan quienes han sido sometidos a jurisdicción por el caso ASTROPHARMA, es decir: Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, Gilberto Lezama Toro, Ginette Karime Gutiérrez Arévalo, Lena Karim Gutiérrez Arévalo, María de Los Ángeles Fúnez Pineda, Martha Griselda Vásquez Ordoñez, Ericka Ninoska Castillo Canelas, Mirzha Lizeth Ruiz Castro, Kristian Manuel Bautista, Mirtha Gloria Escobar Cárcamo y otros, todos los encausados por el Ministerio Público (MP) según decisión judicial, estarán en juicio oral y público los días 11, 18 5 y 25 de junio.
Por otra parte, audiencia de proposición de pruebas está prevista en el caso IMPREMA, en el cual, los imputados son Pedro Arnaldo Pinto y otros ciudadanos, a la lista de personas acusadas penalmente por la supuesta comisión de diferentes ilícitos penales se suman: Ronal Venegas, Carmen Bustillo, Alex Alberto Morales, José Antonio Pineda Cano, Jorge Peraza, Cristian Emile Estrada, José Calazán Duarte, Francisco Maradiaga, Héctor Rivera Rosa, Luis Antonio Rosa y Alexander Castillo García.
Los fiscales anticorrupción han judicializado estas causas en virtud de haber encontrado suficientes indicios de responsabilidad penal por delitos como: delitos contra la salud pública, uso de documentos públicos, fraude, abuso de autoridad, mal versación de caudales públicos, usurpación de funciones, falsificación de documentos, cohecho, violación de los deberes de los funcionarios.
Según lo informado por los agentes de tribunales, algunos de estos procesos han dilatado su marcha en virtud de la interposición de recursos por parte de la Defensa de los acusados, para cuya resolución las autoridades judiciales han tomado el tiempo necesario, habida cuenta del respeto a las garantías y derechos procesales.