El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, fue suspendido de su cargo y recibió arresto domiciliario por parte de las autoridades del Poder Judicial.
La información fue confirmada alrededor de las 7:00 de la noche, tras conocerse el acta del expediente que señala las medidas decretadas contra el funcionario judicial.
«Suspensión en el ejercicio del cargo de Concejal del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, por tratarse de la atribución de un delito contra la administración pública», señala el documento.
El escrito detalla que, además de la suspensión y el arresto, Bonilla tiene prohibido salir del país y comunicarse con dos personas más ligadas al caso.
A Bonilla se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad por favorecer a dos familiares suyos en el caso denominado «Shalom».
A las 2:00 de la tarde de este jueves se realizó la audiencia de declaración de imputado del funcionario, que desde el año pasado está envuelto en un escándalo público por este caso y después filtrarse unas conversaciones telefónicas.
Acusaciones y llamadas
El Ministerio Público presentó en septiembre del 2015 un requerimiento fiscal contra el concejal Bonilla por tráfico de influencias y favorecer a dos familiares acusados en el caso denominado Shalom.
Este caso refiere a una operación realizada en enero de 2014 por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con la Policía Militar en la que se dio captura a Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla.
Fueron acusados por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales. En este mismo requerimiento se acusa por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias.
No obstante, Bonilla entró en el ojo del huracán al trascender unas conversaciones telefónicas que sostuvo con el magistrado Víctor Lozano, en las cuales demostraban un lenguaje despectivo a la mujer y denigraban a otros funcionarios judiciales.