La presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reveló este jueves que varios exfuncionarios de diferentes poderes del Estado continúan percibiendo sus salarios, a pesar de haber sido removidos de sus cargos. Entre los nombres mencionados, destacó el exdiputado Carlos Zelaya, quien, según Castellanos, sigue recibiendo su sueldo, lo que calificó como un claro desfalco a las finanzas públicas.
“Es una práctica nociva que debe ser tomada en cuenta por los votantes en las próximas elecciones”, expresó Castellanos, señalando que este tipo de situaciones son preocupantes y deben generar indignación entre los ciudadanos. La titular del CNA también hizo referencia a otros casos, como el de la exministra de Derechos Humanos, quien también sigue cobrando su salario a pesar de haber dejado su cargo. Según Castellanos, estos pagos irregulares reflejan una grave falta de control y responsabilidad en la gestión pública.
En su intervención, Castellanos destacó que los ciudadanos deben recordar estos hechos al momento de emitir su voto, ya que representan una falta de transparencia y eficacia en el manejo de los recursos del Estado. “Este tipo de acciones son más que palabras vacías; son prácticas reales que afectan las finanzas públicas y la confianza en las instituciones”, agregó.
Por otro lado, la directora del CNA también abordó los resultados de su informe sobre la productividad del Congreso Nacional, señalando la baja efectividad en la gestión legislativa. A pesar del alto gasto que representa el funcionamiento del Congreso, el informe revela que la baja asistencia y la escasa producción de leyes son notorias. “Pobres resultados tiene el Congreso Nacional, y muchas instituciones del gobierno. La baja productividad y la asistencia deficiente de los legisladores no se justifican con el gasto enorme que tiene ese Poder del Estado, sin que se vea un impacto real en la sociedad”, afirmó Castellanos.
La denuncia del CNA pone de nuevo en la agenda pública las preocupantes irregularidades en el manejo de los recursos del Estado, así como la necesidad urgente de reformas que promuevan una mayor transparencia y eficiencia en el gobierno.