Un juez especializado en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción otorgó este martes una modificación en las medidas cautelares al exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, en el marco del caso relacionado con la adquisición irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia del COVID-19. La decisión del juez consiste en cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario.
La audiencia realizada este martes tenía como objetivo notificar a Rubí sobre el ajuste de las medidas cautelares, permitiéndole cumplir con el arresto domiciliario bajo ciertas condiciones. Entre los requisitos establecidos por el juez se incluyen la obligación de firmar periódicamente en los juzgados, la prohibición de salir del país y una caución económica cercana a los siete millones de lempiras.
Gabriel Rubí enfrenta acusaciones por fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Las investigaciones apuntan a que Copeco, bajo su gestión, adquirió ventiladores mecánicos de manera irregular durante la emergencia sanitaria, pero los dispositivos nunca fueron utilizados debido a que llegaron defectuosos. Este mal manejo ha ocasionado un perjuicio económico superior a los 63 millones de lempiras al Estado.
El caso involucra a varios exfuncionarios, entre ellos Lisandro Rosales, excanciller de la República, quien se encuentra prófugo de la justicia. Además, otros exservidores públicos han sido señalados, como Jessica Canahuati Farah, exrepresentante diplomática en Nueva York, y los exfuncionarios Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina. Todos ellos están acusados de los mismos delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El proceso judicial continúa, y se espera que en los próximos días se tomen nuevas decisiones respecto al avance del caso.