El representante demócrata Hank Johnson presentó el jueves un proyecto de ley que busca impedir al gobierno estadounidense destinar fondos o apoyar préstamos para las fuerzas de seguridad hondureñas hasta que ese país investigue denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
«Informes recientes indican que dos de los hombres presuntamente implicados en el asesinato de Berta Cáceres fueron entrenados en los Estados Unidos en Fort Benning, en Georgia para ser exactos», dijo Johnson refiriéndose a la activista ambiental hondureña asesinada hace un año.
«Esto subraya la necesidad de aumentar la supervisión de la asistencia en seguridad brindada a Honduras».
Johnson ya había presentado la iniciativa de ley en mayo pasado, cuando transcurría el periodo legislativo que culminó en diciembre. En esta ocasión, el proyecto de ley cuenta con el apoyo de otros 24 demócratas.
Según el grupo Global Witness, con sede en Londres, al menos 124 activistas han sido asesinados en Honduras desde 2009.
La cifra incluye el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, ganadora del prestigioso premio ambiental Goldman por su trabajo en oposición a un proyecto de presa hidroeléctrica.
La primera iniciativa proponía que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el valle Aguán.
Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.
El proyecto de “Ley Berta” también menciona el asesinato de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011.
Johnson estuvo entre las docenas de congresistas que en marzo solicitaron que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) investigara de manera independiente el asesinato de Cáceres.-AP