Había muerto su padre y lo mandaron donde el cura para que lo ayudara. «Me dijo que iba a ser mi director espiritual y que Dios le había dicho a él que iba a ser mi nuevo papá. Yo pensaba que era un santo».
Pero entonces, Juan Carlos no anticipaba lo que estaba por venir: años de abusos sexuales y psicológicos. Tampoco imaginaba que 20 años después su testimonio sería crucial para graficar ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas la supuesta red de ocultamiento y encubrimiento implementada por la iglesia Católica para proteger a estos sacerdotes y evitar que comparezcan ante la justicia.
«Lo de Karadima me duele mucho, el abuso es horrible. Pero lo que más me duele es la respuesta de los que nos tenían que proteger y cuidar, que se convirtieron en nuestros peores enemigos», le dice Cruz a BBC Mundo.
Se refiere a la cúpula eclesiástica.
«Tortura» y «encubrimiento»
Este viernes el Comité Contra la Tortura de la ONU escucha en Ginebra testimonios sobre abusos y potenciales torturas, previo a la sesión de lunes y martes, en las que recibirá e interrogará a los representantes de la Santa Sede. En enero pasado fue el comité de Derechos de los Niños de la misma organización el que puso a la Iglesia en el banquillo.
«La Santa Sede es uno de los 155 Estados Partes en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y está obligado a someterse a exámenes regulares de su registro ante la Comisión de 10 expertos independientes», explicó la ONU a través de un comunicado sobre las razones de la sesión.
Uno de los informes más importantes que ha recogido el Comité proviene del Centro de Derecho Constitucionales (CCR), en representación de la Red de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes (SNAP), que agrupa a más de 12.000 víctimas-, y habla de los abusos de sacerdotes en Latinoamérica, donde la Iglesia católica tiene mayor presencia e influencia.
El informe -un anexo especial al original de 123 páginas describe detallamente casos de violencia sexual, abuso psicológico y otras acciones que equivaldrían a tortura, supuestamente realizados por miembros de la Iglesia en el mundo- muestra «ejemplos de casos atroces y evidencia de ocultamiento» por parte de la Iglesia en Latinoamérica.
«Hay suficiente evidencia de que existe un gran problema en Latinoamérica. Los casos que destacamos muestran claramente una red de diferentes obispos en distintos países. Todos sabían lo que estaba pasando y no quisieron colaborar con las autoridades. Mientras tanto, niños y otras personas eran dejados en las manos de abusadores», le comenta Pam Spees, abogada de CCR a cargo del informe, a BBC Mundo.
El informe anexo sobre Latinoamérica nombra a sacerdotes y obispos implicados en la supuesta red de protección. Y el viernes, en una sesión privada, está previsto que sean mencionados los más emblemáticos.
«El papa Francisco es de la región, obviamente hay preguntas sobre cuánto sabía, su rol y por qué ha puesto a sacerdotes cuestionados en posiciones de poder. Es un mensaje poderoso», asegura Katie Gallager, abogada de la CCR encargada de presentar los casos en Ginebra.
Reacción de la Iglesia
El papa Francisco ha pedido perdón por los casos de abusos, la «vergüenza» de la Iglesia.
Los últimos tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han condenado los abusos y pedido perdón público a las víctimas.
«¿Nos avergonzamos? Tantos escándalos que no quiero mencionar singularmente, pero que todos sabemos cuáles (…) Escándalos, que algunos han tenido que pagar caro: ¡Y eso está bien! Se debe hacer así (…) ¡Son la vergüenza de la Iglesia!», aseguró el papa Francisco en una homilía en enero pasado, poco antes del veredicto del Comité por los Derechos de los Niños condenando los abusos.
El informe previo que hizo llegar el Vaticano al Comité no hacía ninguna alusión a los abusos o casos de pedofilia.
BBC Mundo trató de contactar al Vaticano, pero no fue posible comunicarse con su vocero.
Centro América: el cura fugado de la justicia
El caso del reverendo Enrique Vásquez en Costa Rica ilustra -sostiene el informe- cómo las autoridades de la Iglesia usan su presencia global para evitar que los implicados en abusos sean enjuiciados.
El documento afirma que Vásquez admitió ante su obispo a mediados de los 90 que había acosado sexualmente a un monaguillo de 10 años. «Tengo este problema», le habría dicho.
Un día después de que la agencia estatal a cargo del cuidado de la infancia en Costa Rica lo acusara formalmente en 1998, Vásquez se fue a EE.UU. vía Nicaragua.
Cuatro años pasaron para que la fiscal pudiera conocer el paradero de Vásquez, del que, según el informe, la Iglesia sí sabía. Horas después de que el FBI lo interrogara, Vásquez dejó el país rumbo a México.
El cardenal de Tegucigalpa, Oscar Rodríguez, estaba de acuerdo con el entonces secretario de Estado del Vaticano, cerdenal Tarcisio Bertone, en que los sacerdotes no debían ser entregados a las autoridades civiles.
«Para mí sería una tragedia reducir el rol de un pastor al de un policía. Somos completamente diferentes y prefiero prepararme para ir a la cárcel antes que hacerle daño a uno de mis sacerdotes», comentó Rodríguez, citado por el informe.
Casi 10 años pasaron hasta que en 2007 la policía diera con él. «Nuestra función no es alertar a la policía. Nosotros alertaríamos a las autoridades religiosas», comentó en su momento el obispo Juan Mata, secretario de la conferencia episcopal de Nicaragua durante la estadía de Vásquez.