Los consumidores hondureños inician el mes de enero con malas noticias, ya que diversos productos de la canasta básica han registrado aumentos significativos en su precio, según los monitoreos realizados por la Asociación de Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).
Uno de los incrementos más notables es el de los frijoles, que ha subido 100 lempiras por quintal. El frijol rosado, por ejemplo, pasó de 1,800 a 1,900 lempiras, mientras que el frijol rojo también ha registrado un aumento similar, cotizándose actualmente a 1,800 lempiras el quintal. Este aumento repercute en la medida de 5 libras, cuyo precio ya se ha incrementado, pasando de 90-95 lempiras a 100 lempiras en algunas bodegas, aunque en el mercado informal el precio podría seguir subiendo, advirtió Adalid Irías, presidente de Adecabah.
El precio de la carne de pollo también ha experimentado un aumento. En San Pedro Sula, el costo de la libra subió de 32 a 33 lempiras, mientras que en Tegucigalpa, aunque algunos mercados populares todavía mantienen el precio entre 30 y 31 lempiras, en zonas más periféricas de la capital el precio se ha elevado a 34 lempiras por libra.
Por si fuera poco, los consumidores deben prepararse para otro golpe al bolsillo, ya que las fábricas de tortillas han anunciado un aumento en el precio del producto. Según Irías, algunas tortillerías aún venden tres tortillas por dos lempiras, pero ya se ha confirmado que el incremento en el precio de las tortillas está en camino.
El presidente de Adecabah también criticó la falta de atención por parte de la Dirección de Protección al Consumidor, señalando que las autoridades se enfocan en temas de menor relevancia mientras los precios de los alimentos esenciales siguen aumentando. “Estamos en enero y los golpes para los consumidores ya son certeros”, comentó Irías, haciendo un llamado a la acción para proteger los derechos de los consumidores.
Este panorama pone en alerta a los hondureños, que ven cómo el costo de los productos básicos se eleva sin una respuesta contundente de las autoridades competentes, lo que complica aún más el acceso a una alimentación adecuada para las familias de bajos recursos.