El equipo legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra del estado de excepción vigente en Honduras, que ha sido renovado en múltiples ocasiones desde su declaración inicial en diciembre de 2022.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro emitió el Decreto Ejecutivo número PCM-29-2022, suspendiendo varios derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los de inviolabilidad de la libertad personal, la libertad de asociación, la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio. Este decreto, junto con el posterior PCM-01-2023, instauró un estado de excepción con el objetivo de controlar el crimen organizado, especialmente en relación con pandillas y actividades ilícitas como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
Aunque las autoridades han defendido la medida, argumentando que ha permitido una reducción en los índices de homicidios y extorsiones, la ASJ cuestiona la legalidad de las sucesivas prórrogas del estado de excepción, las cuales, según el director de Seguridad y Justicia de la ASJ, Nelson Castañeda, no se enmarcan dentro de lo que establece la ley.
Castañeda hizo énfasis en que, según el artículo 187 de la Constitución de la República, solo ciertos derechos pueden ser suspendidos en situaciones excepcionales, como una invasión del territorio nacional, una perturbación grave de la paz, una epidemia o una calamidad general. Este artículo también establece un procedimiento claro que debe ser seguido para la suspensión de derechos, que incluye la necesidad de un decreto presidencial acompañado de la aprobación del Congreso Nacional, y que la duración de la restricción no debe superar los 45 días.
El recurso presentado por la ASJ señala que, desde la implementación del estado de excepción, se han aprobado 18 decretos, pero solo uno ha cumplido con los requisitos legales establecidos en la Constitución. La preocupación de la organización es que el proceso de extensión del estado de excepción se ha realizado de manera unilateral por parte del gobierno, sin la debida ratificación del Congreso Nacional, lo que contraviene lo estipulado en la ley.
«Extender el estado de excepción no es una decisión que pueda tomarse de manera unilateral, debe contar con la aprobación del Congreso Nacional, pero esto ha sido obviado sistemáticamente», destacó Castañeda al presentar el recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
La ASJ sostiene que la falta de respeto a los procedimientos legales y constitucionales pone en riesgo el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y aboga por un tratamiento más transparente y legal del estado de excepción que garantice la legalidad y el respeto a los derechos humanos.