La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por diversas irregularidades encontradas en una auditoría social realizada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La documentación fue entregada ante la Secretaría del MP por Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, y demás representantes de la organización de sociedad civil, en la sede de la institución en la colonia Lomas del Guijarro de Tegucigalpa.
“Hemos identificado 34 líneas de investigación que van desde abuso de autoridad, colusión con el tema de las licitaciones divididas, amañadas; firmas de contratos onerosos que le cuestan al país cantidades millonarias. Esperamos que el Ministerio Público pueda hacer una investigación objetiva, enmarcada en derecho y que se haga justicia”, manifestó Carlos Hernández, quien funge como representante de TI en Honduras.
Y agregó que “el tema de la ENEE es uno de los problemas quizás de mayor impacto económico para las finanzas públicas. Estamos hablando solo en una acción suman valores por 37 mil millones de lempiras que se ha pagado a un grupo en el país, es un grupo al que se le han hecho pagos privilegiados mediante acciones que no tuvieron que haberse dado; pero también contratos directos y acciones que no se hicieron conforme a lo que establece la ley”.
La ASJ realizó una auditoría social a la ENEE a raíz de la cual presentó dos informes públicos sobre la situación crítica de la estatal eléctrica. Dichos reportes evidencian diversas irregularidades en contratos perjudiciales para las finanzas de la ENEE y el Estado hondureño.
En un primer reporte, la ASJ develó irregularidades en el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), a la cual la ENEE paga L 3,150 millones al año, para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, entre otros objetivos; sin embargo, en los últimos tres años, las pérdidas eléctricas registraron un incremento, al igual que las quejas por mal servicio y cobros excesivos.
En la segunda entrega, la organización no gubernamental informó sobre la suscripción de contratos bajo condiciones beneficiosas para empresas generadoras de energía. En al menos uno de los casos, la Junta de Licitación recomendó no adjudicar; sin embargo, la Junta Directiva de la ENEE decidió dejar en suspenso el proceso, aunque la figura no existe bajo la ley, y adjudicó el contrato un año después con la aprobación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Cabe señalar que la comisión evaluadora recomendó no adjudicar por el impacto financiero negativo del contrato, pero la Junta Directiva aprobó renegociarlo, cambiando las condiciones originales y comprometiendo un presupuesto que originalmente no tenía. Como resultado, la adjudicación del contrato con un alto precio representó costos que pudieron ser evitados por la ENEE, costos que finalmente son pagados por la población a través de sus facturas o mediante otros mecanismos de recaudación del Estado.
“Se pone a disposición del Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades penales y los tipos penales, de encontrarse, y también los grados de responsabilidad en los que pudieron haber incurrido funcionarios y exfuncionarios de 2016 a la fecha. Además, hacemos un llamado al Tribunal Superior de Cuentas a efecto de que inicie las auditorías y presente pliegos de responsabilidad civil y administrativa de esos funcionarios», dijo por su parte Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la ASJ.
Los resultados de los hallazgos de la auditoría social realizada por la ASJ a la ENEE se encuentran disponibles en www.asjhonduras.com.