La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público por el presunto mal manejo de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), caso que ha sido ampliamente conocido como el escándalo del “cheque video”.
La denuncia, según informó la ASJ, incluye la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios. Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la organización, indicó que existen suficientes elementos para que el Ministerio Público realice una investigación seria, imparcial y eficaz.
La acción presentada también cuenta con el respaldo de más de mil firmas ciudadanas que exigen respuestas inmediatas tanto al Ministerio Público como al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el destino de los recursos provenientes de Sedesol. «Se trata de una cantidad significativa de dinero. Si esos fondos hubieran llegado a las personas indicadas y se hubiesen ejecutado correctamente en proyectos sociales, el impacto habría sido verdaderamente positivo para la población», señaló Castañeda.
El representante de la ASJ lamentó que las malas prácticas del pasado se sigan repitiendo en el actual gobierno, donde —aseguró— algunos diputados continúan teniendo acceso y control sobre recursos estatales para fines ajenos al beneficio público. «Esperamos que esta investigación no se pierda en el camino y que se logre establecer responsabilidades claras», expresó.
El caso tomó fuerza la semana pasada, luego de la filtración de un video donde aparece la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, conversando telefónicamente con el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre la presunta asignación de fondos de la institución para fines electorales en el departamento de Copán.
Tras la difusión del material, Cardona presentó su renuncia durante una reunión del Gabinete Ampliado, aunque trascendió que no se le permitió ingresar a la sesión que había sido convocada por la presidenta Xiomara Castro.
El escándalo sigue generando repercusiones políticas y sociales, mientras organizaciones como la ASJ exigen que las investigaciones avancen con celeridad y sin sesgos para evitar que este caso quede en la impunidad.