La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) solicitó al Ministerio Público extender las investigaciones sobre el uso de fondos públicos a más instituciones gubernamentales, además de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), actualmente bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción.
Carlos Aguilar, director de Transparencia de la ASJ, enfatizó que el caso de Sedesol representa solo una de siete secretarías involucradas en la gestión de fondos sociales. “En Sedesol hablamos de casi 800 millones de lempiras, pero en total son casi tres mil millones distribuidos entre siete instituciones, incluyendo la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), las cuales también deben ser auditadas”, señaló.
Aguilar insistió en la urgencia de una auditoría especial y forense, que debe ser realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para esclarecer el destino de estos recursos y determinar si existió malversación o uso indebido de fondos.
«El pueblo hondureño merece saber qué pasó con esos casi tres mil millones de lempiras. No podemos quedarnos solo con lo que ocurrió en una secretaría», afirmó.
El representante de la ASJ también destacó que en este caso figura un listado de 79 diputados vinculados a la gestión de estos fondos, de los cuales 71 pertenecen al partido oficialista, incluyendo diputados propietarios y suplentes. «Debe investigarse si estos fondos fueron debidamente liquidados y cuál fue su destino final», agregó.
La solicitud de la ASJ se suma a la creciente presión social para que se transparenten los procesos de asignación y ejecución de los fondos sociales, especialmente tras las recientes denuncias y escándalos que han sacudido a Sedesol y otras dependencias estatales.