La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló a través de un comunicado que, a pesar de haber transcurrido 15 meses desde la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU), para la instalación de la Comisión Internacional Contra con la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), sólo se han cumplido siete de los 26 compromisos adquiridos.
En el comunicado, la ASJ señala que el capítulo local de Transparencia Internacional realizó un segundo análisis sobre el avance del gobierno para la instalación de la CICIH, destacando su contribución a la lucha contra la corrupción y la generación de un sistema gubernamental orientado hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
La ASJ expresó que, en 2023 evaluó por primera vez los avances en el proceso de instalación de la CICIH, encontrando que solo tres de los acuerdos habían sido cumplidos, mientras que 23 permanecían pendientes.
A inicios de 2024, la cantidad de compromisos cumplidos aumentó a siete, sin embargo, aún quedan 19 por resolver detalla el comunicado.
A pesar de las cuatro visitas de expertos internacionales al país para evaluar el contexto nacional y formular recomendaciones previas a la instalación, según la ASJ, la segunda extensión del memorándum vence en junio próximo sin que se muestre voluntad política.
Asimismo, el memorándum de entendimiento se divide en dos etapas, en las cuáles solo uno de cinco acuerdos de la primera etapa ha sido cumplidos, y ninguno de los dos acuerdos de la segunda etapa se han llevado a cabo hasta el momento.
El ordenamiento jurídico hondureño presenta obstáculos para la instalación de la CICIH, denunciados por la sociedad civil y diversas instituciones detalla parte del comunicado.
La ASJ señala que, aunque se han eliminado cinco de los siete obstáculos identificados, se han creado nuevos mecanismos que perpetúan prácticas del pasado que impiden la instalación de la comisión.
El comunicado también explica que se identificaron 12 reformas y aprobaciones complementarias para combatir la corrupción, todas pendientes de implementación, lo que evidencia una falta de avance en la voluntad política para abordar este problema.
La ASJ resalta la urgencia de eliminar prácticas políticas que fomentan la corrupción en el país, como la secretividad, el fondo departamental rebautizado como subvenciones y las amnistías.
Para finalizar la ASJ recomienda al gobierno crear las condiciones necesarias para que la instalación de la CICIH sea independiente, autónoma y garantice un funcionamiento integral en los términos de investigación, judicialización y obtención de condenas en casos de corrupción.