Irregularidades, falta de transparencia, planificación deficiente y prácticas contrarias a la normativa marcan la gestión de las compras y contrataciones del Congreso Nacional entre 2022 y 2024, reveló un informe presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El análisis, basado en información recopilada a través de solicitudes de acceso a la información pública y portales oficiales de transparencia, documenta que el Poder Legislativo no publicó su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2022 y los correspondientes a 2023 y 2024 no cumplen con los criterios y especificaciones que establecen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Esta omisión impide verificar el uso de los recursos públicos y abre la puerta a decisiones discrecionales en el manejo del presupuesto legislativo.
Además, el informe señala que para 2023 y 2024 se desconoce el destino de L 824 millones, un monto estimado a partir de soportes de gasto disponibles, considerando la escasa publicación de información del Poder Legislativo. Para 2023, de un presupuesto de L 369 millones, no fue posible identificar el uso de L 329.5 millones y, para 2024, de L 535 millones asignados, no se pudo rastrear el destino de L 494.9 millones. La falta de datos completos y verificables compromete gravemente el acceso a la información pública.
Compras fraccionadas para evitar licitaciones
ASJ también denunció el uso indebido de la figura de compra menor, al fraccionar 340 compras en las que se erogaron L 13,670 millones, con la intención de evitar un proceso de licitación pública para un contrato de suministro, como lo exige la Ley. Entre los hallazgos se documenta la adquisición de L 149,426 en alimentos para eventos, L 82,472 en arreglos florales y L 35,000 en aretes, bolsos y sombreros tipo charro. De las compras realizadas por bancadas de partidos políticos y diputados específicos, el 79 % corresponden a la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), seguida del Partido Liberal (11 %), el Partido Nacional (6 %) y el PSH (4%).
Asimismo, se reportan beneficios específicos como L 204 mil en alimentación para seguridad privada del diputado Rafael Sarmiento (2022 y 2023), y L 348 mil en remodelación de oficinas de la bancada de Libre, sin justificación adecuada ni respaldo normativo.
Cabe señalar que solo 21 de las 14,083 compras menores realizadas han sido registradas en HonduCompras y ninguna incluye cotizaciones de oferentes no adjudicados, incumpliendo la Ley de Contratación del Estado y la normativa en materia de contrataciones. También se identificaron compras de medicamentos de uso controlado y artículos personales con fondos del Legislativo.
Ante los hallazgos, ASJ recomienda fortalecer la planificación y transparencia en las compras del Congreso Nacional, formulando planes anuales conforme a los lineamientos de ONCAE, adecuando los portales de transparencia, regulando el uso de compras menores según la normativa vigente y delimitando claramente las unidades autorizadas para realizar adquisiciones.