La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este martes que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mantiene un contrato de generación de energía, firmado en 2008, bajo condiciones irregulares y sin las garantías adecuadas. El contrato, que había permanecido inactivo durante 14 años, fue reactivado en 2023 en un contexto de emergencia energética, aunque la planta sigue funcionando con diésel en lugar de gas natural, como se había pactado.
La denuncia se presentó en el marco del informe ¿Dónde está el gas natural?, elaborado por la ASJ, el cual detalla irregularidades en el contrato y la operación de la planta Brassavola. Según la organización, la planta fue reubicada a Villanueva, Cortés, sin contar con las condiciones necesarias para el abastecimiento de gas natural, y aún no ha sido construida la terminal de Gas Natural Licuado (GNL) prometida para abastecer la planta.
El contrato original, otorgado a la empresa CECHSA en 2008, contemplaba la generación de energía mediante búnker y carbón, con una capacidad instalada de 150 MW en Trujillo o Balfate. Sin embargo, tras la renegociación en 2024, la ENEE amplió la capacidad de la planta a 240 MW, permitió el uso de diésel y se comprometió a utilizar gas natural a partir del 1 de noviembre de 2024. A pesar de estas modificaciones, el informe señala que la planta sigue operando con diésel, lo que ha incrementado los costos de la tarifa energética para los usuarios.
En el informe también se menciona que, a pesar de las promesas de la ENEE, la planta no estuvo operativa con toda su capacidad durante los meses críticos de verano, lo que generó dudas sobre su eficiencia y disponibilidad. Además, autoridades de la ENEE habían asegurado en abril de 2024 que la construcción de la terminal de GNL estaba en marcha, pero la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) no tiene registro de licencias ambientales para dicha terminal ni para la planta.
La ASJ también señaló que la recontratación de potencia en el circuito de Villanueva genera incertidumbre sobre la operatividad real de la planta Brassavola, lo que refleja fallas en la planificación y supervisión de los proyectos energéticos por parte de la ENEE.
Ante estas irregularidades, la ASJ recomendó tomar acciones legales, como presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía, y exhortó al Congreso Nacional a revisar y discutir públicamente cada contrato y sus modificaciones. También sugirió la instalación de veeduría ciudadana en las contrataciones de la ENEE, eliminar las compras directas y licitaciones privadas, y exigir la publicación de los estudios de impacto ambiental relacionados con el uso del gas natural.
Finalmente, la ASJ expresó su preocupación por el impacto de estas irregularidades en las tarifas energéticas, que han aumentado significativamente. En junio de 2024, se registró un incremento del 15% en la tarifa, lo que ha encarecido aún más los costos para los usuarios. La organización reafirmó su compromiso de velar por una gestión energética transparente y justa, que beneficie a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.