La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó este martes sobre el acelerado deterioro del espacio cívico en Honduras, que se ve reflejado en una serie de informes nacionales e internacionales que documentan restricciones a la libertad de expresión y ataques contra diversos sectores, así como en amenazas emanadas desde la institucionalidad en perjuicio de voces críticas al gobierno y al Estado de derecho.
En la octava entrega de la serie Estado de país, dedicada al espacio cívico, ASJ identificó condiciones de un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de los derechos fundamentales en Honduras, en medio de campañas de odio y desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos, iglesias, sector privado y cuerpo diplomático.
Lo anterior se evidencia en las calificaciones obtenidas por el país en índices internacionales, como el Monitor CIVICUS, en el que Honduras mantiene una calificación de espacio cívico reprimido, mientras que el Índice Chapultepec 2024 otorgó al país una puntuación de 40, evidenciando altas restricciones a la libertad de expresión y prensa. De manera similar, Freedom House clasifica a Honduras como parcialmente libre, y Reporteros sin Fronteras ha alertado sobre el deterioro sostenido en la libertad de prensa en los últimos años.
Por su parte, entre 2016 y 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 133 quejas de periodistas y comunicadores sociales, mientras C-Libre reporta que el 43 % de las alertas de violaciones a derechos han sido dirigidas a medios de comunicación y periodistas. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), solo en 2024 se documentaron 284 ataques que afectaron a 319 víctimas, incluyendo tanto a personas como a organizaciones.
Desde 2022, se ha intensificado un patrón preocupante de ataques dirigidos desde el poder hacia actores como organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, periodistas, iglesias, el sector privado y el cuerpo diplomático. En lo que va de 2025, el Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) ha documentado 1,230 ataques provenientes de cuentas de funcionarios públicos en redes sociales.
Además, entre 2001 y 2025, el Conadeh reportó 101 muertes violentas de periodistas y trabajadores de medios, de las cuales el 88 % permanece en la impunidad. A estas se suman los asesinatos registrados el 1 de junio contra dos comunicadores sociales, uno de ellos amparado bajo las medidas del Mecanismo Nacional de Protección, lo que evidencia una crisis institucional del sistema, marcada por alta rotación de personal, bajo presupuesto, escasa capacidad técnica y débil corresponsabilidad institucional.
ASJ también expresó su preocupación por la prolongación del estado de excepción, que ha suspendido derechos fundamentales y ha otorgado a la Policía facultades extraordinarias para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. Esta medida, que ha demostrado ser ineficaz frente a la problemática de la extorsión, podría convertirse en una herramienta de intimidación política, especialmente en contextos electorales, y es incompatible con el desarrollo de elecciones libres y transparentes.
Ante este panorama, ASJ hace un llamado urgente al gobierno de Honduras a detener de forma inmediata los ataques desde instituciones y funcionarios del Estado contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil y otros actores que expresan opiniones contrarias al gobierno. Además, insta a suspender el estado de excepción y a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección. Asimismo, exhorta a la sociedad civil a defender el Estado de derecho; a la comunidad internacional a mantenerse vigilante, y al pueblo hondureño a ejercer su participación ciudadana con responsabilidad.