Tomado de es.insightcrime.org
Datos divulgados por una unidad especial de policía en Honduras conformada para combatir la extorsión indica que el país hace avances contra una industria ilegal responsable de innumerables muertes y enormes pérdidas económicas.
La Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) declaró que detuvo a 404 personas por extorsión a organizaciones públicas y privadas, objetivo común de las pandillas en toda Centroamérica, informó La Tribuna. El artículo señaló que el 77,5 de los capturados fueron hombres adultos, mientras que los menores de edad —a quienes muchas veces se encarga la comunicación de amenazas e instrucciones de pago— representaron el 11,4 por ciento, más otro 11,1 por ciento de los capturados, formado por mujeres adultas.
La FNA dice haber recibido un total de 600 denuncias este año. De ese número, 221 casos llegaron a los juzgados, y terminaron en 168 sentencias, que representan un índice de condenas de 76 por ciento.
Un portavoz de la FNA citado por La Tribuna dice que la mayoría de los afectados por extorsión son grupos de transporte público o proveedores particulares de servicios de transporte. Estas víctimas suelen ser intimidadas y amenazadas de muerte por diferentes bandas criminales, entre ellos pandilleros de la MS-13 y de Barrio 18.
Análisis de InSight Crime
La extorsión es un gran problema que sigue afectando a los países del Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Guatemala y Honduras—. Justamente esta semana un investigador del gobierno en Guatemala fue asesinado cerca de un mercado en el que los vendedores habían iniciado una protesta pública contra la extorsión.
Si bien la extorsión sigue azotando la región, parece que el gobierno hondureño está adoptando una estrategia más dura contra el crimen, al reconocer la magnitud de víctimas políticas y económicas que la extorsión cobra en la población del país centroamericano.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras ha atribuido las muertes de cientos de transportadores a los grupos extorsionistas. Además del número de muertos, la FNA estima que la extorsión le cuesta a Honduras US$200 millones al año. Para un país cuyo producto interno bruto es de apenas US$20 mil millones, dicha cifra representa cerca del 1 por ciento del total de la economía.
Estas cifras no son cantidades insignificantes para un país acorralado por la pobreza y azotado por la corrupción. Un exdirector de seguridad social ha sido acusado de malversar US$300 millones.
Aunque grupos criminales, como las pandillas suelen estar tras las redes de extorsión, la FNA ha declarado en anteriores ocasiones que soldados, policías, funcionarios de gobierno e incluso las mismas empresas transportadoras participan activamente en las redes de extorsión. Pero según parece la FNA está haciendo avances en la lucha contra la práctica fraudulenta, con efectos tan devastadores en los ciudadanos hondureños.