Diversas han sido las reacciones ante la amnistía para la liberación de presos políticos y de conciencia que se aprobó el día de ayer (2/2/2022) en la sesión del Congreso Nacional por la Junta Directiva encabezada por el diputado Luis Redondo.
Esta propuesta fue impulsada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, manifestando que esta iniciativa tiene como finalidad que va a aplicar este proceso para aquellos que estén involucrado en delitos que mantenga una “motivación política”. Estos abarcan también a varios funcionarios señalados durante el golpe de estado en el mandato del expresidente, Manuel Zelaya Rosales.
Además, pretende proteger a todas aquellas personas que fueron criminalizadas por protestar ya sea en términos de la defensa de la soberanía en el territorio nacional y protección del medio ambiente.
Por otro lado, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, se pronunció que “para evitar abusos” se deberá probar ante Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (COFADEH) o sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El PSH se mantendrá vigilante que no existan abusos y que se pruebe fehacientemente que la motivación de encausar o juzgar o incriminar fue evidentemente político y no corrupción”, manifestó en redes sociales.
CCIC y COHEP
Es preciso señalar que esto ha generado un rechazo por varias instituciones. “Lamentamos muchísimo, muchas de las actuaciones que tuvo el Congreso anterior y hoy despertamos con que está aprobado todo eso. Desde el sector privado lo consideramos como un nuevo pacto de impunidad”, manifestó ante medio local el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano. Añadió que esto incluirá mayor cantidad de delitos que van más allá que la “parte política”.
“Muy posiblemente haya personas que ya hayan sido investigadas previo al golpe de Estado y que estarían siendo beneficiadas con esto”, enunció.
De igual manera, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), también hizo una conferencia de prensa al respecto, admitiendo que, están de acuerdo con querer condenar el Golpe de Estado de 2009.
“Nos preocupa mucho como se ha ampliado el término de amnistía que va más allá de las cuestiones políticas que se pudieron derivar de este suceso”, expusó el director de CCIC, Eduardo Facusse.
Beatriz Valle
Desde otra perspectiva, la diputada y secretaria de la Junta Directiva que lidera Jorge Cálix, Beatriz Valle, rechazó las acciones que están haciendo, y expresa que es una buena decisión que les hayan expulsado, pues ella no pretente participar en “actividades ilegales”.
“No voy a participar de actividades ILEGALES en nombre del PUEBLO que NO nos pidió eso”, escribió en redes sociales.